La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) resaltaron que es la primera resolución del tema que hace énfasis en “estándares sobre soluciones duraderas”.

Desde hace seis años, al menos 200 personas indígenas mixe de la comunidad de Tierra Negra sufrían desplazamiento interno y despojo de sus tierras en el municipio de San Juan Mazatlán, en el estado de Oaxaca.

El conflicto estaba ocasionados por diferencias en temas agrarios, religiosos, presupuestarios y de afiliación política.

A raíz de ello, la comunidad ha acudido en distintas ocasiones desde hace seis años a presentar diversas denuncias penales ante el Ministerio Público. No obstante, estas no fueron resueltas.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solo ha integrado la carpeta DDHPO/0900/(14)/OAX/2017, sin que hasta el momento haya hecho una recomendación.

A su vez, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 emitió una sentencia favorable a las personas desplazadas en el expediente 3026/2017. Sin embargo, aún no se ha podido ejecutar la resolución.

Frente a ello, la comunidad presentó el amparo 1251/2017–VIII-B, el cual fue resuelto finalmente por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenando un plan preparatorio para las personas afectadas.

Ante la falta de resolución, el caso había sido incluido en el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, quien visitó México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, para analizar las causas de desplazamiento interno en el país.

En dicha ocasión, la experta señaló que hasta dicho momento, se había solicitado la intervención de las autoridades competentes. Sin embargo, solo se habían mantenido reuniones con las autoridades estatales y federales sin alcanzar acuerdos concretos sobre el retorno o la reparación integral.