El Tren Maya, considerado como el proyecto insignia de la Cuarta Transformación liderada por Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de un intenso escrutinio y debate desde su concepción.

Con la tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2022, se revelaron probables daños al erario público por un total de 785 millones 260 mil 300 pesos.

Será el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad encargada de la ejecución del proyecto, la que deba atender las observaciones y resarcirlas, según la auditoría.

La Auditoría mostró que entre julio y noviembre de 2022 se realizaron pagos sin documentación adecuada por un total de 256 millones 099.4 mil pesos en el Proyecto Tren Maya por 13 predios para 11 beneficiarios.

Estos pagos, destinados a indemnizar bienes distintos a la tierra afectados por obras de infraestructura, carecían de avalúos individuales efectuados por un perito valuador y algunos dictámenes no tenían vigencia.

“(…) en su lugar se utilizaron dictámenes valuatorios regionales mediante un Tabulador que establece el rango para definir el monto de indemnización de los Bienes Distintos a la Tierra, adicionalmente, algunos dictámenes no tenían vigencia a la fecha de los actos jurídicos de compraventa”, refiere el documento.

La auditoría da cuenta que “De los 3,784,661.3 miles de pesos reportados como ejercidos en 2022 por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en el “Proyecto Tren Maya”, correspondientes a 2,634 pagos para la adquisición de 1,530 predios en los 7 tramos del Tren Maya, correspondiente a la liberación de derecho de vía y construcción de estaciones, talleres y cocheras, se revisó una muestra de 61 pagos (32 predios) por 2,397,416.7 miles de pesos que representa el 63.3% del universo seleccionado.”, expone el documento.

Otra de las irregularidades detectadas, en el Tramo 1, que abarca desde Palenque hasta Escárcega, es que se han detectado pagos en exceso a proveedores, así como una planificación deficiente que ha generado pendientes por aclarar de 57 millones 568 mil pesos.

El Tramo 2, de Escárcega a Calkiní, presenta irregularidades por un total de 28 millones 834 mil pesos (auditoría 2022-3-21W3N-22-0112-2023), relacionadas principalmente con excesos en el proyecto ejecutivo y deficiencias en la calidad de los trabajos de construcción.

Mientras tanto, el Tramo 3, de Calkiní a Izamal, acumula observaciones por un total de 65 millones 466 mil pesos (auditoría 2022-3-21W3N-22-0113-2023) pendientes de aclarar, debido a obras de recuperación arqueológica y trabajos de baja calidad.

El Tramo 4, de Izamal a Cancún, es el que presenta la mayor cantidad de irregularidades, con un total de 352 millones 311 mil pesos (auditoría 2022-3-21W3N-22-0111-2023) en pagos excesivos a trabajos deficientes de calidad, especialmente en el pavimento de la autopista.

Por otro lado, el Tramo 5, que va del Carmen a Tulum, registra 2 millones 153 mil pesos (auditoría 2022-3-21W3N-22-0117-2023) sin aclarar, debido a pagos en exceso y falta de control en la supervisión de la obra.

A pesar de que los tramos 6 y 7 no presentaron irregularidades económicas, se evidenciaron deficiencias en la documentación y falta de medidas de mitigación en el Tramo 7.

El dictamen de auditoría emitido el 6 de febrero de 2024 sobre el Proyecto Tren Maya destaca que, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas, pero aclarar cuando menos, tres observaciones por la adquisición de predios.

Entre ellas, las razones por las cuales el Certificado de Libertad de Gravamen de cuatro de nueve predios adquiridos tiene una fecha posterior al pago de la adquisición, generando incertidumbre sobre la regularidad de estas transacciones.

Además, por qué se realizaron pagos indebidos por un total de 256 millones 099 mil 400 de pesos, por bienes distintos a la tierra, sin contar con avalúos individuales que respaldaran la determinación de las cantidades pagadas por cada elemento.

También, por qué adquirió un predio de 295,157.14 m2 para derecho de vía, el cual no será utilizado según la Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo 6, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia en la planificación y utilización de los recursos.

El Gobierno Federal, a través de Fonatur tendrá un plazo de 30 días para solventar estas observaciones.