- En ninguna parte de la reforma se obliga a las autoridades a utilizar esos
recursos a la compra de vacunas o la atención de la salud.
- Es una decisión criminal dejar a las y los mexicanos más vulnerables sin
recursos para atender enfermedades graves. Se pone en riesgo la vida de la
gente.
En el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rechazamos que se le quitarán recursos al Fondo de Salud para el Bienestar porque representa un agandalle de más de 33 mil millones de pesos a la atención médica y el abasto de medicamentos para pacientes con enfermedades graves. Con la salud no se juega, nos opusimos a un nuevo atraco a los enfermos de México.
Durante la discusión de la reforma a la Ley General de Salud, Norma Guel diputada federal por Aguascalientes, informó que desde el PRI, insistimos en que Morena y sus aliados ponen en riesgo la atención y tratamiento de las enfermedades más costosas que sufren los mexicanos. Por necedad y cerrazón aprobaron que los ahorros extraordinarios destinados a la salud se utilizarán para financiar los gastos ordinarios del gobierno. El mal uso de ese dinero puede costar más vidas.
“Morena miente cuando asegura que el dinero será utilizado para la atención de la pandemia; en ninguna parte del dictamen se obliga a las autoridades a utilizar los recursos del Fondo de Salud a la compra de vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades. El gobierno tendrá 33 mil millones de pesos extras que muy probablemente utilizará para otros proyectos”.
Con este traspaso de recursos a la Tesorería de la Federación, ya no se salvará la vida de quienes padecen cáncer, viven con VIH, requieren un trasplante o tienen problemas cardiacos, entre otros; quienes además no han sido atendidos durante la crisis de COVID-19, ahora se abandonarán sus tratamientos y se les dejará sin medicamentos.
Votamos en contra de que en plena emergencia mundial se quiten recursos destinados a la salud. En esta crisis todas las vidas valen lo mismo.
Para concluir, Norma Guel, expuso que, desde el GPPRI, lamentamos que las mayorías parlamentarias se negaran a etiquetar los recursos para la atención del COVID-19, y que una vez más la Cámara de Diputados facilite el uso de recursos públicos extraordinarios para el gobierno federal sin transparencia ni claridad sobre su destino.
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