Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del Gobierno de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La información se conoció este viernes, minutos después de que se confirmó la entrega de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. La Silla Rota fue el primer medio en publicar la información; citando fuentes federales se han unido Reforma, Milenio y Televisa.

Ambos forman parte de los nueve exfuncionarios acusados de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, una lista encabezada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

¿De qué se acusa a Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega, empresario sinaloense y exsecretario de Finanzas del Gobierno de Sinaloa, está acusado formalmente de colaborar con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa y enfrenta tres cargos penales principales.

Los tres cargos legales en su contra son:

–Asociación delictuosa para la importación de narcóticos. Se le acusa de conspirar para importar ilegalmente a Estados Unidos sustancias controladas, entre ellas fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

–Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Se le imputa el uso, porte y posesión deliberada de armas de fuego, incluidas ametralladoras automáticas y dispositivos destructivos, para facilitar delitos relacionados con el tráfico de drogas.

-Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Se le acusa de conspirar con otras personas para poseer y utilizar estas armas con el propósito de respaldar operaciones de narcotráfico.

Según la acusación, antes de las elecciones para gobernador de junio de 2021, Díaz Vega se reunió con líderes de alto nivel del cártel, incluidos Iván y Alfredo Guzmán Salazar. En esos encuentros presuntamente entregó una lista con nombres y direcciones de opositores políticos de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación, esa información fue utilizada para amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda electoral.

Los documentos apuntan que en su calidad de integrante del gabinete estatal actuó como enlace de comunicación entre líderes de los Chapitos y el gobernador Rocha Moya.

La acusación sostiene que ayudó a integrantes de los Chapitos a colocar funcionarios en puestos de poder dentro del gobierno para proteger operaciones de narcotráfico.