El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de las Fuerzas Armadas tras los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien en su último informe las acusó de obstruir la investigación sobre el Caso Ayotzinapa.

En la conferencia matutina realizada en Tepic, estado de Nayarit, López Obrador aseveró que los señalamientos son parte de una campaña para debilitar a las Fuerzas Armadas de México, lo que no permitirá.

Yo la voy a dar, soy el comandante supremo de las fuerzas Armadas aparte de presidente de México (…) No es cierto, es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento, en general no tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas”, declaró

El mandatario mexicano detalló que si dicha aseveración del GIEI fuese cierta “no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y otros elementos de las Fuerzas Armadas”

“Lo que sucede es que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército mexicano sin pruebas, sin elementos. Estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército mexicano es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo, ey es una institución fundamental para el Estado mexicano”, manifestó.

“Hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, con objetividad, con ética, hay muchas organizaciones que están financiadas por Gobiernos extranjeros, supuestamente para defender derechos humanos., la misma ONU que actúa de manera sectaria parcial, tendenciosa, ¡la ONU, sí la ONU!”, expresó.

López Obrador respondió a los señalamientos del GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el martes presentó su último informe sobre los estudiantes desaparecidos en 2014, en el que acusó al Ejército de resistirse a entregar información del caso, en el que participaron militares.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes en septiembre de 2014 y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un basurero.

Sin embargo, el GIEI derribó esta versión y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

Con información de López-Dóriga Digital