El senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila advirtió que sin una aplicación seria de la justicia, los casos de los ex gobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge terminarían “como piezas de exhibición y lucimiento en el quinto informe de gobierno”.
Por el desarrollo de los casos hasta ahora, agregó, muchos ciudadanos piensan que sólo son utilizados por el gobierno para fingir un combate a la corrupción que ha resultado un fiasco, una simulación.
No se descarta, dijo, que ambos hechos emblemáticos de la corrupción del autollamado nuevo PRI formen parte de la estrategia mediática utilizada con frecuencia por la actual administración, para magnificar hechos con la intención de tapar los socavones provocados por sus errores.
El líder de los senadores panistas recordó que el gobierno federal solamente ha combatido la corrupción cuando ya no le queda de otra, sólo cuando se ve obligado por la presión social, por los medios o por los gobernadores panistas de la alternancia, pero no por iniciativa propia.
Agregó que la palabra presidencial no ha tenido eco en su grupo parlamentario en el Senado que pretende cambios de forma y a modo para que el gobierno se “lave la cara y las manos”, mientras el PAN insiste en reformas de fondo que garanticen un verdadero combate a este flagelo desde su raíz.
Hizo notar que el PRI actuó con cálculo político y decidió atorar las reformas y fiscalías anticorrupción para facilitar que la PGR aplique a Duarte y a Borge el anterior código penal, con lo cual podría llegar a protegerlos, mientras el Presidente puede presentarlos como trofeos.
En opinión del presidente de la Junta de Coordinación Política es posible que ambos ex gobernadores sean banderas del PRI en el proceso electoral de 2018 para simular que atacaron la corrupción.
“De este gobierno se puede esperar todo”, apuntó Herrera Ávila.
Cabe señalar que Duarte permanecerá en prisión hasta enero cuando se celebre su próxima audiencia, en tanto que Borge seguirá encarcelado en Panamá en espera de respuesta a la solicitud de extradición, que en caso de ser aceptada México tendría 60 días para proceder a su traslado al país.
Para nadie es un secreto –indicó– la simulación que ha caracterizado al gobierno priista, que en los hechos no desea que se combata la corrupción porque los principales involucrados en este tipo de actos están a la vista de todos y en su mayoría son ex gobernadores .
Por ello, dijo, si en el informe de gobierno el Presidente quiere mandar un mensaje claro y contundente, debe hacer a un lado, en primer término, el uso político, electoral y propagandístico de ambos ex mandatarios, y después evitar premiarlos con la exoneración y la impunidad.
Pero, además, sería ocasión propicia para instruir a su bancada en el Senado a que cumpla su palabra de dictaminar la reforma al artículo 102 a fin de eliminar el pase automático del titular de la PGR a Fiscal General y entrar al fondo de la discusión de la ley que dará vida a la Fiscalía General.
Herrera Ávila reiteró que el PAN ya trazó la ruta a seguir, en la que también se busca un nuevo modelo de procuración de justicia porque el actual no funciona y después, mediante el mecanismo de parlamento abierto, ir a los nombramientos de los fiscales y magistrados anticorrupción.
Afirmó que de concretarse esta agenda la autonomía e independencia de las instancias y sus titulares garantizarían juicios imparciales y castigos ejemplares, sin cálculos ni negociaciones por debajo de la mesa, para que pillos como Duarte y Borge no se salgan con la suya.
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