Denunciaron en octubre que en Fracción Tzanembolom, Chenalhó, las obligaban a pagar balas y a sus hijos a consumir droga. El gobierno respondió con una “Mesa de Paz”; 25 días después, tras cuatro asesinatos y un explosivo, salieron escoltadas por policías. Señalan a un grupo que vinculan con el CJNG.
Por Ángeles Mariscal.
Chenalhó, Chiapas, 16 de noviembre de 2026. Siete familias tsotsiles -36 personas, 21 de ellas menores de edad– salieron el domingo 15 de noviembre de Fracción Tzanembolom, en el municipio de Chenalhó, después de permanecer encerradas en sus casas desde el asesinato de uno de los suyos, Bartolo Pérez Gómez, de 46 años, ocurrido el 10 de noviembre.
Son las mismas familias que el 5 de octubre denunciaron en un video y un comunicado que un grupo armado las mantenía “encapsuladas”. Lo hicieron, según uno de los desplazados, desde la casa del hombre ahora asesinado.
Policías las trasladaron a la cabecera municipal y las dejaron en un salón de la presidencia municipal. Ahí siguen, entre cajas de fumigadoras apiladas y bancas de madera, con la ropa y las cobijas que alcanzaron a sacar en costales y bolsas de plástico. Hasta la tarde de este lunes ninguna otra autoridad municipal o estatal se había presentado a atender la situación en la que se encuentran
De los 15 adultos de la lista, 14 son mujeres. Entre los menores hay tres niños de un año. Este es el segundo desplazamiento desde esa franja de Chenalhó en menos de tres años, y ocurre 41 días después de que las familias pidieron ayuda públicamente al gobernador, al fiscal y a la presidenta de la República.
“Me mataron mi esposo”
La viuda de Bartolo Pérez habló en tsotsil, con ayuda de un intérprete. “Me mataron mi esposo”, dijo.
Contó que el hombre acudió días antes de ser asesinado a denunciar ante la Fiscalía la situación por la que estaban pasando, y que “desde ahí empezó mi amenaza”; le advirtieron -explicó- que la matarían a ella y a uno de sus hijos.
Sobre el motivo del crimen, el intérprete tradujo: “No quieren ser parte de ellos (del grupo armado de Los Herrera), esa es la razón”. La mujer explicó que su familia es cristiana y que se negó a sumarse al grupo.
“Tengo nueve hijos”, dijo. La mayor tiene 21 años y la menor, uno. Desde el día 10, luego del homicidio, la familia permaneció encerrada, sin poder salir y sin comida suficiente, relató.
Pidió que intervengan la presidenta, el gobernador y la Fiscalía, y que se detenga a los responsables. “Quiero retornar pronto”.
Cuotas para balas y niños reclutados
Otra de las mujeres desplazadas situó en 2022 la llegada de personas que les exigieron tomar las armas, y posteriormente empezaron a reclutar en la comunidad. Quienes aceptaron, dijo, dejaron de trabajar la tierra, aceptaron tomar las armas, vender, producir y consumir drogas, “se entrenan y reciben un pago”, explicó.
Las familias se dividieron, “porque unos no quisieron que sus hijos aprendieran “a hacer esas cosas”. Ahí empezaron las amenazas. Un año despues 67 familias se desplazaron; ellos decidieron permanecer para no perder sus tierras.
Dijo que desde entonces ya no vivieron en paz, tenían amenazas constantes, les obligaban a pagar “cuotas” para comprar balas; los maestros de la localidad ya no regresaron y desde entonces sus hijos no recben clases.
Denunció que tras el homicidio de su esposo, intentaron matar a dos jóvenes, “ya tuvimos miedo, por eso salimos ayer”.
En su denuncia del 5 de octubre, las familias —15 en ese momento, unas 145 personas— afirmaron que quienes las sometían son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que les cobraban “cooperaciones” para comprar balas y una multa de 1,500 pesos por salir de la localidad, y que obligaban a niñas, niños y jóvenes a consumir droga.
Un hombre desplazado, hermano de Eleuterio Arias Pérez —asesinado en Fracción el 20 de octubre de 2025—, dijo que a quienes trabajan en Estados Unidos les exigían entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales para balas. Él se negó a pagar, relató; después mataron a su hermano, que tampoco quiso unirse.
Regresó de Estados Unidos en mayo y no pudo volver a su casa. Entró a escondidas la madrugada del 5 de octubre porque su esposa enfermó. Escuchó por los radios del grupo que lo habían visto y que se preparaban para matarlo. Ese día las familias grabaron la denuncia que lograron difundir por facebook, y él llamó a la Fiscalía de Justicia Indígena.
“No somos animales, somos humanos”, dijo.
En una hoja de cuaderno, las familias anotaron los nombres de sus asesinados: José Luis Jiménez Pérez, el 15 de octubre de 2025; Eleuterio Arias Pérez, cinco días después, y Bartolo Pérez Gómez, el 10 de noviembre de 2026.
Lo que hizo el gobierno
El 5 de octubre, tras la denuncia, el hombre y cuatro mujeres fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Ahí, dijo, un funcionario al que identificó como “licenciado Zarazúa”, les ofreció 15 días para dialogar y garantizar su regreso. Se trata de Juan Luis Zarazúa, actual subsecretario de Gobierno.
Los funcionarios sí fueron a dialogar, afirmó, “pero solo allá en la comunidad, con los otros, pero no con ninguno de nosotros. No sé qué fueron a hacer, no sé qué platicaron”.
El 13 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en Chenalhó “no se ha retenido a nadie” y que “se resolvió el problema”. Tres días después afirmó que no se trataba necesariamente de grupos sino de “conflictos agrarios”, y anunció que pediría al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar “una tarjeta pública” sobre el caso.
El 21 de octubre el gobierno estatal instaló una “Mesa de Paz” en Tzanembolom, con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño. Su comunicado no mencionó a las familias denunciantes ni a los desplazados.
A finales de octubre, el ahora desplazado volvió al Palacio de Gobierno con representantes de las familias amenazadas y con el defensor de derechos humanos, Reynaldo Pérz Pérez. Al día siguiente, el 28 asesinaron en Yabteclum a Reynaldo Pérez, el tsotsil no duda que fue por el aompañamiento que hacía.
Luego vino el siguiente homicidio, el incremento de las amenazas de muerte, y ahora el desplazamiento.
Las mujeres, temerosas, dijeron que buscaron al presidente municipal de Chenalhó y que no les ha respondido. Este medio contacto vía telefónica al Scretario Municipal, Federico Hernández Ruiz, dijo que a él no le tocaba atender esa situación, y que el presidente municipal no estaba disponible.
“Aquí permanecemos desplazados y aquí vamos a estar, en el quiosco, manifestando”, dijo una de ellas. Regresarán, añadió, si el gobierno actúa.
Lo que la Fiscalía no tiene
Cabe señalar que en respuestas a solicitudes de información del 4 y el 12 de noviembre, que este medio a envíado sobre la situación en Tzanembolom, la Fiscalía General del Estado informó que no localizó carpetas de investigación por amenazas, privación de la libertad ni extorsión en Tzanembolom, de 2024 a septiembre de 2026, ni indagatorias de oficio por las familias retenidas.
La Secretaría General de Gobierno y Mediación respondió el 4 de noviembre que tiene “cero registros” de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.
Con Información de AN




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