El pasado 12 de mayo del 2023 y el 16 de mayo del mismo año la SEMARNAT delegación en Aguascalientes y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes (SSMAA) respectivamente, notifican las correspondientes autorizaciones de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental del proyecto denominado ‘‘FRACCIONAMIENTO VILLA PORTIA” ubicado en el municipio de Aguascalientes, promovido por la empresa DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., registrado con clave 01/ma-0106/06/22 en SEMARNAT. Este proyecto se ubica al sur de la ciudad de Aguascalientes, en el lado sur del desarrollo habitacional Lunaria y contempla la remoción de poco más de 50 hectáreas de vegetación forestal. Dichas autorizaciones de cambio de uso de suelo se pretenden desarrollar dentro del área BOSQUE DE COBOS, una de las pocas zonas que aún cuentan con vegetación natural de la región, con alta relevancia ecológica, climática, paleontológica y arqueológica, así como una de las zonas de recarga del acuífero, que dota del vital líquido a la ciudad de Aguascalientes y que durante años ha sido objeto de fraccionadores que han sido frenados por iniciativas de la sociedad civil organizada en cada intento. Derivado del interés de la sociedad civil organizada, grupos ambientalistas, colegios profesionistas y la academia, por el amplio riesgo que supone al ambiente y por todos los servicios ambientales que aporta a la ciudadanía, es que se solicitó la consulta pública del proyecto, conforme lo establece la legislación ambiental y administrativa aplicable. Derivado de este procedimiento, diferentes organizaciones civiles, ingresaron observaciones al Documento Técnico Unificado Modalidad A del Fraccionamiento Villa Portia en agosto del 2022 en las oficinas de SEMARNAT Delegación Aguascalientes, con las que se evidencia la deficiencia de información dentro de los estudios presentados, así como la omisión de importantes elementos técnicos que demuestran que el área tiene una gran relevancia ambiental y ecológica por sí misma y por su cercanía con el núcleo ecológico del bosque de Cobos; además de informar de elementos jurídicos que demuestran que la autorización contrapone las políticas públicas de la zona, como lo es la presencia de áreas naturales protegidas estatales y municipales, que reconocen la relevancia del área. En este sentido, la emisión de las autorizaciones de SEMARNAT y SSMAA; cuya disposición a la ciudadanía, arbitrariamente no se realizó en tiempo y forma mediante los mecanismos que establece la ley y los tratados internacionales para que los interesados y la ciudadanía en general participen del análisis, es una señal de que los procedimientos administrativos cuentan con vicios y faltas a la inclusión y participación de todas y todos los ciudadanos en la toma de las decisiones para el manejo de nuestros recursos naturales, siendo omisos además, en las observaciones de expertos, asociaciones civiles y la academia, ignorando los precedentes técnicos y jurídicos, con los que se ha defendido fundada y motivadamente el BOSQUE DE COBOS; como lo es la única reunión pública que se celebró en Aguascalientes en el año 2018 que fue en relación a otro fraccionamiento en esta misma área; incumpliendo con las obligaciones de la SEMARNAT y SSMAA respectivamente, de fungir como ente, analítico, imparcial, efectivo, colaborativo y transparente. Esto denota una fragante violación a las leyes y decretos internacionales en materia ambiental y al derecho constitucional de los ciudadanos a un ambiente sano y a la participación ciudadana por parte de los funcionarios tanto de Semarnat Aguascalientes como de la SSMAA; de manera particular consideramos que se realiza una fragante violación al TRATADO DE ESCAZÚ “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, del cual México es firmante y cuya aplicación es competencia de SEMARNAT y de la SSMAA, entre otras dependencias y que recientemente en junio de este año, representantes del PNUMA ONU, realizaron una diligencia en el estado de Aguascalientes para su difusión y aplicación. Ya que dicho tratado versa en garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Por su parte, ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal han detenido el proceso de autorización del fraccionamiento, ni lo han abierto a la ciudadanía para estudiar el impacto que tendría su aprobación. Las autoridades, en contubernio con actores privados como son cámaras empresariales y los colegios de profesionistas (exceptuando al colegio de ciencias ambientales al no ser parte tampoco de estas discusiones), son los que han apoyado de manera directa o por omisión que se fraccione en bosque de Cobos. Y para lo cuál han dejado a un lado las opiniones de asociaciones civiles y la ciudadanía en general. Asimismo, estas autoridades no han buscado atender las necesidades de vivienda, ya que siguen dando permisos para construir, cuando la mayoría de la gente lo que necesita es construir una nueva vivienda, o ampliar o adecuar su vivienda existente. De esta manera, el derecho a la vivienda se está viendo como un negocio no como un derecho humano. Por todo lo anterior, el día de hoy hicimos varias peticiones a Semarnat, el gobierno estatal y el municipal, para que: ● Impidan la construcción del fraccionamiento mencionado ● Integren y abran a la ciudadanía los órganos y organismos donde se discuten, estudian y aprueban los fraccionamiento ● Obliguen a que los desarrolladores inmobiliarios den mayores contribuciones cuando quieran construir, y que éstas se destinen al cuidado y protección de áreas naturales ● Implementen una estrategia de producción social de vivienda donde en el centro estén las personas que necesitan vivienda, no los desarrolladores ● Diseñen una política de suelo sustentable y de reservas territoriales en conjunto con la ciudadanía En definitiva, consideramos legítimo nuestro reclamo puesto que; no se consideran las opiniones de los interesados, los antecedentes técnicos y jurídicos del área y se niega la participación ciudadana mediante la consulta pública del proyecto; violando además la garantía universal y constitucional a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, finalmente apelamos al tratado antes señalado que garantiza la protección y atención a los defensores del medio ambiente. “La tierra proporciona lo suficiente para cubrir las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la codicia de algunos” (Mahatma Gandhi).
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