* Las diputadas de Morena proponen reformar la Constitución de Aguascalientes para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial en las instituciones públicas.
Ante el creciente uso de la inteligencia artificial en trámites, evaluaciones y servicios públicos, las diputadas de Morena, Ale Peña y Ana Gómez, presentaron una iniciativa para adicionar el artículo 6º Bis a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con el objetivo de garantizar que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas y no por encima de sus derechos.
La diputada Ale Peña señaló que la innovación debe avanzar acompañada de reglas claras que protejan la dignidad humana, la privacidad y la igualdad. “No venimos a frenar la innovación, venimos a ponerle reglas claras al aparato público de Aguascalientes. La tecnología debe estar al servicio de las personas, jamás para sustituir la responsabilidad humana”, sostuvo desde tribuna.
La propuesta establece que ninguna persona podrá ser sometida a decisiones exclusivamente automatizadas que tengan consecuencias jurídicas sin la posibilidad de recibir una explicación comprensible, solicitar supervisión humana e impugnar sus resultados. Asimismo, plantea que las instituciones estatales y municipales deberán informar cuando utilicen inteligencia artificial en procedimientos, evaluaciones, contrataciones o decisiones que afecten a la ciudadanía.
Ale Peña destacó que la iniciativa también contempla mecanismos para evitar decisiones discriminatorias, proteger los datos personales y garantizar que siempre exista una persona responsable de las determinaciones tomadas con apoyo de estas herramientas. Subrayó que el propósito no es limitar el desarrollo científico, sino aprovecharlo para reducir desigualdades, ampliar oportunidades y construir instituciones más transparentes y responsables.
Finalmente, la legisladora afirmó que Aguascalientes tiene la oportunidad de avanzar hacia una transformación tecnológica con sentido humano. “Ningún algoritmo puede operar como una caja negra que discrimine, niegue un derecho o tome una decisión pública a ciegas. La dignidad humana, la privacidad y la justicia no se delegan en un código informático”, concluyó
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