Exhorta Diputado de MORENA al IEE para realizar el Plebiscito en torno al servicio del agua potable y alcantarillado en el MuniAgs.

Exhorta Diputado de MORENA al IEE para realizar el Plebiscito en torno al servicio del agua potable y alcantarillado en el MuniAgs.
Exhorta Diputado de MORENA al IEE para realizar el Plebiscito en torno al servicio del agua potable y alcantarillado en el MuniAgs.

CC. DIPUTADOS DE LA COMISION PERMANENTE DE LA H. LXIV
LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS, DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTA EXHORTO AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
AGUASCALIENTES A FIN DE COADYUVAR ACTIVAMENTE DENTRO DE SU
ÁMBITO DE COMPETENCIA A LA ORGANIZACIN DEL PLEBISCITO QUE EN
TORNO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES VIENE IMPULSANDO UN GRUPO DE
CIUADANOS, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

C O N S I D E R A C I O N E S.

El recurso vital.
El agua es imprescindible para la vida. Sin ella, las comunidades humanas
simplemente no son viables. Sin embargo, la importancia del agua varía en
función de su disponibilidad. Para Aguascalientes, el recurso hídrico tiene una
relevancia crítica. A diferencia de las regiones que se encuentran al sureste del
país, el agua en nuestra entidad es escasa. Mientras allá la sobre-abundancia del
agua se traduce en extensas regiones pantanosas así como en inundaciones
cíclicas en la red de ramales que derivan de los grandes ríos Grijalva y
Usumacinta, acá la ausencia del agua implica mayor fragilidad en los ecosistemas
y, en consecuencia, en la sustentabilidad de los asentamientos humanos.

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La falta de agua es el reflejo de la orografía y el clima. Desde tiempos antiguos, la
presencia del agua delimitaba las regiones. El Imperio Azteca que se había
extendido ampliamente hacia el sur hasta llegar a Centroamérica, se detuvo ahí
donde la zona semiárida dejaba atrás las tierras fértiles y con lluvias frecuentes.
La Triple Alianza no llegó más allá de lo que hoy se conoce como el Estado de
Querétaro. A su vez, los españoles durante las primeras décadas de la Colonia
fijaron la frontera un poco más allá: se ubicaba en lo que ahora es la ciudad de
Lagos de Moreno, Jalisco. A partir de ahí, hacia el norte, a la civilización hispana
no le fue posible establecer grandes ciudades como en el Altiplano. La falta de
agua, aunada a la belicosidad de las tribus que de manera genérica se conocían
como chichimecas, determinó que sólo fuera posible el enclave de pequeñas
estancias, que requirieron de un proceso mucho más largo para dar lugar a
congregaciones urbanas. La referencia histórica permite constatar que el agua
tiene en nuestro Estado una importancia mayor en contraste con entidades de
otras latitudes.
Para la presente y futuras generaciones, la situación del agua va de la mano de la
existencia misma de nuestros núcleos de población. A la escasez crónica del agua
en esta región, se suman ahora nuevas amenazas. La expansión de la mancha
urbana en la capital así como en varias cabeceras de los municipios del interior ha
tenido un impacto severo en los mantos freáticos disminuyendo aceleradamente el
nivel de los volúmenes de agua subterránea. El Cambio Climático ha traído
consigo no únicamente irregularidad en los ciclos pluviales, sino también periodos
de sequía cada vez más prolongados. Todo ello, junto con la disfuncionalidad de
los sistemas de tratamiento del agua, puesto que a pesar de que se cuenta con
numerosas plantas tanto en el ámbito municipal como en el industrial, estas casi
no se utilizan por deficiencias en su diseño que generan altos costos de operación
y hacen nulo el reúso del recurso hídrico. Diversos estudios tanto de geólogos
como de ingenieros hidráulicos así como hallazgos por parte de instituciones de
educación superior y de asociaciones civiles anticipan, en el corto plazo, el
colapso del agua que conlleva el de los habitantes del Estado de Aguascalientes.
De ahí la necesidad de que el suministro de agua potable se lleve a cabo a través

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de la intervención del Estado, como una función de interés social y no como una
actividad de comercio, para garantizar la preservación del recurso hídrico a las
futuras generaciones.

En la dirección contraria.
La trascendencia que por su escasez tiene el agua en nuestro Estado debiera
verse reflejada en una ley del agua que privilegiara una respuesta del Estado
sólida y contundente para esta problemática. El reto exigiría un organismo público
descentralizado. Su objeto sería no solamente la administración de la red de
suministro de agua potable y alcantarillado. También como objetivo de primer
orden debería enfocarse al tratamiento y reúso del agua. Con ello, se garantizaría,
en un ejercicio transparente y de rendición de cuentas a la población, que a través
de la recuperación gradual de los mantos subterráneos, gracias al reúso del agua,
se podría salir de la zona de emergencia hídrica. El organismo público
descentralizado facilita también, a través de su Consejo Consultivo, la
participación ciudadana para hacer del uso racional del agua una cultura cotidiana.
La concientización en torno al máximo aprovechamiento del agua debería ir
acompañada de la entrega masiva de dispositivos y aparatos para ahorrar el
líquido. Sin embargo, la política pública anterior no existe ya que a pesar de tener
el carácter de un bien público, el agua en Aguascalientes se considera, maneja y,
en consecuencia, desecha como si fuese una simple mercancía.
A fines del siglo pasado, en el contexto del Consenso de Washington, el Estado
Mexicano se retiró de la prestación de diversos servicios públicos. La política
neoliberal puso en el comercio bienes públicos que, por su naturaleza, requieren
de un tratamiento de equidad por encima de cualquier criterio mercantil. Así, en
1993 el Cabildo de Aguascalientes con la aprobación de la Legislatura del Estado
procedió a privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado en el Municipio
con el pretexto de que una empresa particular concretaría las inversiones para
restablecer la deteriorada red en cuyas tuberías se perdía un elevado porcentaje
del líquido, y aún tendría la capacidad para ampliarla a las nuevas colonias y

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fraccionamientos que venían surgiendo a consecuencia del despegue industrial en
la entidad. A espaldas de la población, sin consulta por tratarse de un bien público,
se estructuró un título de concesión a cuyas cláusulas, aún hoy en día a más de
un cuarto de siglo de distancia, es prácticamente imposible tener acceso. Para
propiciar las privatizaciones, el Gobierno federal siguió al pie de la letra las recetas
neoliberales. Se retiraron los subsidios que se destinaban al servicio del agua con
el pretexto de que serían canalizados a otras áreas. Al privatizar el servicio, de
manera irracional, se otorgó una concesión sin reparar en que en Aguascalientes
a lo largo de su historia la mayor necesidad, la que tiene primacía sobre los
demás, ha sido siempre el agua. En torno a la gestión del agua, Alex Ricardo
Caldera Ortega, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del
Campus León, de la Universidad de Guanajuato, y experto en la investigación
sobre temas del agua, consideró que debe ser: “Integral en cuanto a involucrar
varias aristas del problema, no sólo de cómo se extrae el agua para que llegue a
los grifos, sino que es necesaria la gestión del recurso para otros usos también
sean corresponsables con la situación, al hablar del uso agrícola, el industrial, el
cual hace no sólo que crezca la crisis de la escasez, sino también la
contaminación” 1
Con la alternancia, cuando en 1995 por primera vez un partido diferente al
entonces hegemónico ganó las elecciones en el Municipio, se agravó la
problemática. Sin duda, en esa ocasión, el voto se orientó hacia otra opción
política atraído por el rescate de la concesión del agua como promesa de
campaña. Sin embargo, lo que tuvo lugar fue la modificación de 44 de las 46
condiciones del título de concesión permitiendo a la empresa favorecida que
obtuviera ganancias desmesuradas en menoscabo del abasto y, lo más
importante, la preservación del agua pues el tratamiento y reúso quedó
prácticamente fuera de sus obligaciones.

1 En la nota “EL PROBLEMA DEL AGUA EN AGUASCALIENTES TIENE QUE VER CON LA ESCASEZ EFECTIVA DEL
RECURSO”, consultada el 14 de agosto de 2020 en la dirección electrónica siguiente:
https://www.lja.mx/2018/02/problema-del-agua-en-aguascalientes-ver-la-escasez-efectiva-del-recurso/

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Entre los cambios que más perjudican a la población se registraron los siguientes:
la concesión se amplió de 20 a 30 años. Se determinó que escuelas y hospitales
eran sujetos de cobro. En lugar de tarifa fija, se estructuró el cobro con base en
servicio medido con memoria más cobro por metro cúbico adicional, el cual
tampoco se cumple pues los usuarios que han tenido la precaución de hacer su
propia lectura se percatan de que sistemáticamente se facturan cobros excesivos:
"se cobra el aire". El cobro pasó de ser bimestral a realizarse cada mes.
Un componente que no existía, cual es la indexación mensual, se agregó a la
tarifa. Esta modalidad consiste en actualizar cada mes el incremento en la
inflación de nueve componentes del costo de operación de la empresa
concesionaria. Así, el incremento se agrega a la tarifa. Como si no fuera suficiente
con el lucro desmedido de la concesionaria, el gobierno municipal negoció y logró
que la Comisión Nacional del Agua haga el reintegro cada año a la concesionaria
del 60% del pago de derechos por extracción de los volúmenes de agua, lo cual
repercute en menor disponibilidad de recursos para dicho órgano desconcentrado
y, por tanto, no hay dinero para llevar a cabo las obras de infraestructura hidráulica
que se requieren, en particular plantas de tratamiento que permitan el reúso del
agua. Y, finalmente, en la mayor iniquidad pues se entregó prácticamente en su
totalidad al lucro de la concesionaria, la contraprestación fue modificada para que
la empresa pagara sólo el 2% al Municipio de cada recibo facturado en lugar del
10% original. Como se puede apreciar, el Municipio de Aguascalientes está
condenado al colapso por quedarnos sin agua, ya que la privatización misma así
como las numerosas modificaciones que se hicieron el título de concesión,
canalizan los recursos que se extraen de la población como pago por el servicio
para integrar un lucro desmedido que es el que tiene la empresa concesionaria,
sustrayendo así los recursos que debieran canalizarse para reparar las tuberías y
evitar las fugas que de acuerdo diversas expertos ascienden hasta el 60% de
líquido en circulación, se carece también prácticamente de recursos para
garantizar el abasto y no existe infraestructura ni equipamiento para propiciar el
reúso del agua, única salida viable para una región semidesértica.

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Durante décadas, las quejas por la falta de agua y suministro irregular, los abusos
en la facturación y el cobro, y la privación del servicio pues lo reciben a
cuentagotas a personas a pesar de encontrarse en pobreza extrema, han sido el
común denominador. Sin embargo, las administraciones municipales, sin importar
su origen partidista, en lugar de evitar los abusos y buscar al menos la equidad, se
han dedicado a perpetuar el esquema de explotación y lucro desmedido sin
importarles que nos acercamos a un abismo, ya que simplemente las inversiones
para evitar las fugas en las tuberías, para construir una auténtica cultura del uso
racional del agua y para lograr el tratamiento y reúso de la misma, son
prácticamente inexistentes. En ese lapso, la inconformidad popular carecía de
canales adecuados y eficaces de expresión, más allá de incidentes como
marchas, mítines y pronunciamientos en los medios de comunicación. Ahora,
gracias al impulso de la sociedad a través de diversas asociaciones civiles y
organizaciones no gubernamentales, se ha logrado contar con mecanismos de
participación ciudadana. Entre estos, destaca el Plebiscito.

Una decisión soberana.
La división de poderes ha perdurado por más de 200 años, desde la Revolución
Francesa. El componente principal del sistema de pesos y contrapesos para
controlar al poder político radica en la representación política. Aun cuando ambos
Poderes, Ejecutivo y Legislativo, emanan de la voluntad popular, la función de las
y los diputados tiene como propósito de origen contener a los gobernantes a
efecto de que se mantengan dentro de su ámbito de competencia preservando el
Estado de Derecho. La función de equilibrio se lleva a cabo a través de la facultad
de legislar que permite delimitar con precisión qué está permitido a las autoridades
y, asimismo, en qué y cómo van a gastar el dinero recaudado del Pueblo, a través
de la atribución de aprobar el Presupuesto. Aun así, la ingeniería constitucional
resultaba desde entonces insuficiente. En el Siglo XIX no sólo se tenía bien claro
la insuficiencia de la democracia representativa para erigirse en un instrumento de
beneficio real para el Pueblo, también surgían propuestas para superar dicha

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incapacidad institucional. Ignacio Ramírez, liberal radical puso a consideración del
Constituyente de 1857 la solución que sigue, evocada por el autor Carlos Lepe
Pineda:
“Recordemos la pregunta de Ramírez al cerrar el apartado anterior: ‘¿cuándo
ejerce el pueblo la soberanía? Ramírez expone en principio, dos formas de
ejercicio de la soberanía: por medio de la representación popular (en los diputados
concretamente) o por medio de la apelación al pueblo (que sería el sistema de
votación popular para resolver cuestiones políticas por medio de dicha consulta)” 2
El acceso prácticamente universal a la educación, al menos a la básica; el
crecimiento económico y el desarrollo social así como los avances tecnológicos
que se registraron durante el siglo pasado, han tenido como consecuencia la
conformación de una sociedad diversa. La diversidad implica el intercambio de
ideas, el contraste en las opiniones y, desde luego, también la construcción de
consenso en una sociedad cada vez más informada a través de estos ejercicios
democráticos. Es menester abrir los cauces a la participación política de la gente.
Depurar los mecanismos de participación social y hacer efectivo el derecho a
participar consagrado en los artículos 9° y 35 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Sergio Aguayo expresa en su libro ‘Guía para
entender la democracia estancada’:
“No reunimos los requisitos de una democracia, somos un país que flota entre el
autoritarismo y una democracia estancada. La mayor parte de la población acepta
con resignación lo que sucede, pero una razón para el optimismo es que alrededor
del 17% está dispuesto a hacer algo para que esto cambie. Si sumamos los
resquicios abiertos por la transición puede afirmarse que hay espacios enormes
para la acción de la ciudadanía organizada.” 3
El Poder Revisor de la Constitución en nuestro país ha sido sensible a los anhelos
de mayor participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones

2 Ma. del Carmen Rovira Gaspar, Coordinadora; Una Aproximación a la Historia de las Ideas Filosóficas en
México; p. 212, Universidad Autónoma de Querétaro.
3 Sergio Aguayo Quezada, Vuelta en U, p. 268, Taurus.

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públicas: recopilación de información, debate y génesis de acuerdos. En este
contexto, los partidos políticos con grupos parlamentarios en el H. Congreso de la
Unión introdujeron mecanismos de participación en la Ley Fundamental. Junto con
el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, entre otros, quedó plasmado en la Carta
Magna el Plebiscito.
En Aguascalientes esta institución política se regula en el artículo 17, apartado C,
inciso a) de nuestra Constitución. El Plebiscito es el instrumento de participación
ciudadana para someter a consideración de los ciudadanos, mediante votación,
los actos concretos de gobierno emitidos por el Gobernador del Estado o por los
Ayuntamientos, que sean de interés público. 4 Para lanzar la interpelación al Pueblo
se requiere lo siguiente:
 Podrá ser solicitado al menos por el uno por ciento del padrón electoral del
Municipio correspondiente, cuando sea mayor a cien mil uno electores. 5
 El Instituto, con el voto de cuando menos dos terceras partes de los
integrantes del Consejo General, determinará si es trascendental para el
orden público o el interés social del Estado.
 La convocatoria se hará cuando menos treinta días hábiles antes de la
fecha de su realización. 6
 Los resultados serán vinculantes siempre y cuando participen cuando
menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el padrón
electoral. 7
A pesar de que han transcurrido varios años desde su entrada en vigor, nunca se
ha llevado a cabo Plebiscito alguno en la entidad. Por ello, es de atraer la atención
la solicitud presentada por un grupo de ciudadanos ante la autoridad electoral con
la finalidad de que se materialice este mecanismo de participación ciudadana. En
lo esencial, los hombres y mujeres que han mostrado su preocupación solicitan
que se haga el planteamiento a la sociedad sobre el modelo y régimen para
4 Artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes.
5 Artículo12, fracción V. inciso e) de la misma Ley.
6 Artículo 27 del ordenamiento mencionado.
7 Artículo 32 de la Ley en cita.

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gestionar el agua en Aguascalientes. El primer planteamiento ciudadano para
llevar a cabo un Plebiscito es acorde con el reto mayor que afrontan las y los
aguascalentenses, la solución al problema del agua como condición para
mantener nuestra viabilidad, permanencia y desarrollo como sociedad. De ahí que
se requiere por parte de la autoridad electoral una actitud proactiva dentro del
marco jurídico a que se ha hecho referencia.

EXHORTO.

ÚNICO. Se exhorta, con toda atención, al Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes a fin de coadyuvar activamente dentro de su ámbito de
competencia a la organización del Plebiscito que en torno al régimen de prestación
del servicio de agua potable y alcantarillado en el Municipio de Aguascalientes,
viene impulsando un grupo de ciudadanos.

Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a

18 de Agosto de 2020.

Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos.

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