Congreso del Estado declara revisadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018

Congreso del Estado declara revisadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018
Congreso del Estado declara revisadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018

 

 

 

  • El Pleno de la LXIV Legislatura avaló los dictámenes que contienen las auditorías a 49 entes fiscalizables, entre ellos, Gobierno del Estado, los once Ayuntamientos, organismos públicos autónomos y descentralizados.
  • Aprobaron nueva Ley de Mejora Regulatoria que favorecerá el crecimiento económico de la entidad.

 

 

El Pleno Legislativo declaró revisadas las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2018. Después de recibir los informes respectivos de las auditorías practicadas a 49 entidades públicas por parte del Órgano Superior de Fiscalización y en donde se le dio derecho de audiencia a cada uno, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado elaboró los dictámenes correspondientes que fueron puestos a consideración del pleno.

 

Todas las dependencias gubernamentales recibieron observaciones; más de 900 consideradas no graves por las que se emitieron las debidas recomendaciones y le deberán dar seguimiento los órganos internos de control, para que coadyuven en la adopción de medidas correctivas y preventivas, establezcan sistemas de control y supervisión eficaces, y en general se logre que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía y honradez para el cumplimiento de los objetivos a los que están destinados.

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, las entidades fiscalizadas cumplieron razonablemente con las disposiciones normativas aplicables a la Cuenta Pública por el ejercicio fiscal de doce meses que terminó el 31 de diciembre de 2018.

 

No obstante, se realizaron otras 36 observaciones consideradas graves y muchas de ellas con una probable afectación al erario público, mismas que podrán ser solventadas en el futuro. Cabe destacar que se trata de faltas presuntamente cometidas tanto por servidores públicos como por particulares; en los casos en que, derivado de las investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, se presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.

De acuerdo a los dictámenes, los montos observados con probable recuperación por afectación al erario por entidad, se detallan en la siguiente tabla:

 

ENTIDADES MONTO DE LA PROBABLE RECUPERACIÓN POR AFECTACIÓN AL ERARIO
Gobierno del Estado de Aguascalientes, Administración Pública descentralizada y Organismos descentralizados $25’484,440.57
H. Congreso del Estado $0.00
Fiscalía del estado de Aguascalientes $109,779.00
Tribunal Electoral del Aguascalientes 0.00
Universidad Autónoma de Aguascalientes $1 ́215,069.75
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes $103,240.00
Municipio de Aguascalientes $404 ́847,274.36
Municipio de Asientos $8 ́403,229.91
Municipio de Calvillo $172,289.20
Municipio de Cosío $579,171.45
Municipio de El Llano $4 ́592,557.99
Municipio de Jesús María $9 ́484,186.37
Municipio de Pabellón de Arteaga $6 ́221,016.45
Municipio de Rincón de Romos $6 ́311,215.43
Municipio de San Francisco de los Romo $657,117.22
Municipio de San José de Gracia $8 ́151,816.80
Municipio de Tepezalá $6 ́113,631.28
Total $482,446,035.78

 

En lo particular el Diputado Enrique García López propuso una modificación a los artículos transitorios de todos los dictámenes a fin de que sean los órganos internos de control de las entidades fiscalizadas los que les den seguimiento a todas las observaciones de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.

 

Los diputados Karina Eudave y Gustavo Báez se manifestaron en contra de la moción ya que eso omite la aplicación de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ordenamiento en el que se basó todo el proceso de fiscalización.

 

No obstante, la reserva en lo particular fue aprobada por la mayoría de los diputados, con lo que se estableció en los artículos transitorios un plazo de 60 días para que se puedan subsanar las observaciones ante los órganos internos de control y posteriormente, regresar los expedientes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

 

En otro punto del orden del día, las y los diputados aprobaron el dictamen que emitió la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, a través del cual se instaura la nueva Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado y sus Municipios, propuesta por el otrora diputado Dennys Gómez Gómez, integrante del GPPAN-PRD, con el propósito de elevar el nivel de productividad y crecimiento económico de la entidad, disminuyendo los obstáculos y los costos para los empresarios y los ciudadanos al momento de realizar sus actividades.

 

El ordenamiento contiene un marco normativo armonizado con la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de mayo del 2018. Esta reforma, además de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, abroga las Leyes de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes, y la que Crea el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.

 

Con las modificaciones, se da paso a la fusión del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes (CECOI) y el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria (IEGEMER), con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC), transfiriendo sus atribuciones para esta dependencia.

 

Por otro lado, fue aprobado por la mayoría del Pleno, el dictamen que formuló la Comisión de Justicia, mediante el cual se resuelven la iniciativa de reformas a las Leyes Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el objeto de declarar la extinción del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes, dado que ya cumplió con su objetivo y período que comprendió del 02 de junio de 2014, al 03 de junio de 2019.

 

Ahora, para esas funciones, la Secretaría de Gobernación tiene las atribuciones para implementar acciones de fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal, además de establecer que sea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien funja como enlace operativo y coordine las acciones en materia de consolidación de dicho Sistema de Justicia Penal en los tres órdenes de gobierno.

 

 

 

Sobre este punto, la diputada Karina Banda Iglesias, dijo que el reto ahora será instalar un órgano evaluador que investigue de manera eficiente y con apego a los derechos humanos, por lo que el Congreso del Estado vigilará el funcionamiento de estas instancias del Sistema de Justicia Penal.

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