- Asimismo, se avalaron reformas en materia de fiscalización y seguridad pública.
La LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, que preside el diputado Maximiliano Ramírez, efectuaron los trabajos de la décima cuarta sesión ordinaria, y que en esta ocasión contó con la participación de estudiantes de primaria que participaron en el Décimo Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México; además, se avalaron reformas en materia de Derechos de la Niñez, fiscalización, seguridad y vigilancia.
Referente al primer punto del orden del día, el pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelve la iniciativa por la que se reforman diversas fracciones al artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, propuesta por la diputada de Movimiento Ciudadano, Yolytzín Rodríguez.
El objeto de la iniciativa consiste en armonizar la constitución local con la federal conforme a los principios rectores de la actuación del Órgano Superior de Fiscalización, actualizar la denominación de la Sala Administrativa, especificar que las sanciones en cuanto a responsabilidades administrativas se sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como modificar algunos requisitos para ser Auditor Superior y actualizar la referencia al capítulo correcto de la Constitución Local para su remoción.
La diputada promotora de esta modificación, Yolitzín Rodríguez afirmó que esta reforma permitirá corregir el rumbo de la fiscalización en la entidad, ya que se dará mayor certeza a las y los ciudadanos sobre el manejo y destino de los recursos que provienen de los impuestos.
Acto seguido, fue avalado el dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve la iniciativa por la que se deroga el artículo 136 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo.
El objeto de la iniciativa consiste en la derogación del tipo penal de desaparición forzada de personas, previsto en dicho artículo con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el criterio que al respecto ha emitido el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación con la abstención de la regulación de materias que no han sido conferidas a las legislaturas locales, buscando además la preservación de la legalidad en el cuerpo normativo.
La diputada promotora manifestó que de acuerdo a la Carta Magna, el Congreso de la Unión es el facultado para expedir las leyes generales que prevean como mínimo los tipos penales, entre ellos, la desaparición forzada, es por eso que las entidades federativas están imposibilitadas de legislar en la materia, “más no para la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos mencionados”.
Enseguida, se aprobó el dictamen de la Comisión de Vigilancia, para adecuar diversas disposiciones a la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2023.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González de León, explicó que, “los ingresos que obtiene dicho municipio por concepto de pagos de contribuciones, derechos y aprovechamientos, entre otros, por el que se adquieran recursos, serán encaminados a que se asignen de manera adecuada en los presupuestos destinados a solventar las necesidades del Ayuntamiento; velando por la estabilidad de las finanzas públicas, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes”.
A continuación, se avaló el dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 65 y 70 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, que planteó la diputada de Acción Nacional, Nancy Macías.
El objeto de la iniciativa consiste en que las autoridades del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, estén obligadas al momento de proporcionar información a niñas, niños y adolescentes, a hacerlo mediante formatos de fácil lectura y comprensión, con perspectiva de Derechos Humanos.
La propuesta se declaró procedente ya que busca salvaguardar el derecho de acceso a la información, atendiendo al interés superior de la niñez, y que se haga de una forma clara, puntual, precisa y de fácil entendimiento.
Enseguida se aprobó el dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que reforma el artículo 45 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada del Partido Acción Nacional, Mayra Torres.
El objeto de la iniciativa consiste en proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la cesión onerosa o gratuita de estos, para evitar la unión formal e informal de menores con personas diversas.
Del estudio de la propuesta se consideró procedente, ya que genera beneficios para las y los menores, lo cual resulta fundamental amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades.
La ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes prevé que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, además de establecer que las entidades federativas deberán adecuar sus legislaciones a la misma disposición normativa.
Al respecto, la diputada promotora explicó que “dentro de la legislación local vigente, encontramos la homologación de dicha disposición para la protección de las niñas, niños y adolescentes, con el propósito de priorizar el interés superior de la niñez, evitando que de forma gratuita o bajo un costo, sean vendidos para consagrar un matrimonio, y por tal motivo se insta a las autoridades competentes a brindar la protección necesaria para que los infantes se desenvuelvan en un ambiente de sano desarrollo”.
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