El campo mexicano entre el presupuesto y el abandono

Cuando los números revelan las prioridades del Estado Fuente de referencia: material presupuestario de Omar Ovalle. Análisis para publicación en medios.ANÁLISIS POLÍTICO Y PRESUPUESTARIO ·

PRIMERA ENTREGA El campo mexicano entre el presupuesto y el abandono

El Programa Especial Concurrente 2025–2027: cuando los números revelan las prioridades del Estado. Cecilio Ávila García Dirigente estatal de CIOAC, Aguascalientes México tiene una deuda histórica con su campo. Una deuda que no se mide solamente en pesos, hectáreas sembradas o toneladas cosechadas, sino también en comunidades abandonadas, jóvenes obligados a emigrar, mujeres rurales invisibilizadas y productores que trabajan cada ciclo agrícola con la incertidumbre de no recuperar siquiera lo invertido. Durante décadas, los gobiernos mexicanos han reconocido en sus discursos la importancia estratégica del campo. Sin embargo, cuando llega el momento de distribuir los recursos públicos, la distancia entre las palabras y las decisiones presupuestarias revela una contradicción persistente. ¿Estamos construyendo una política nacional de desarrollo rural o administrando presupuestariamente la supervivencia de millones de mexicanos que viven y trabajan en el campo?

I. El PEC: un presupuesto que no necesariamente transforma el campo El Programa Especial Concurrente (PEC) responde a una concepción fundamental: el desarrollo rural no depende exclusivamente de la Secretaría de Agricultura. La vida campesina requiere salud, educación, caminos, infraestructura hidráulica, financiamiento, asistencia técnica, comercialización, protección ambiental y organización económica. Por ello, el PEC integra recursos de distintas dependencias federales. El problema comienza cuando se confunde la suma de esos presupuestos con una verdadera política de transformación productiva. Una transferencia monetaria puede aliviar la pobreza; un servicio médico puede mejorar la vida de una familia; una beca puede ampliar oportunidades. Todas estas acciones son necesarias. Pero ninguna sustituye por sí sola la recuperación de suelos, el riego eficiente, el financiamiento oportuno o las cadenas regionales de valor. El desarrollo social y el desarrollo productivo deben complementarse, no competir entre sí.

II. Los números: más dinero nominal no significa mayor desarrollo De acuerdo con las cifras empleadas en el análisis presupuestario de referencia, el PEC aprobado para 2026 asciende a aproximadamente 525,634 millones de pesos, frente a 527,023 millones de pesos propuestos para 2027. La diferencia nominal es de unos 1,389 millones de pesos; sin embargo, el comparativo citado estima una reducción real de 3.73 % al ajustar por precios. Estas cifras deben contrastarse con los anexos oficiales correspondientes antes de su publicación definitiva. El dato obliga a distinguir entre pesos corrientes y capacidad real de gasto. Una cantidad ligeramente mayor en el papel puede comprar menos infraestructura, menos insumos y menos servicios. Tampoco significa que todos los programas tengan recortes iguales: el PEC agrupa acciones sociales, ambientales y productivas de distinta naturaleza. Además, 2027 se refiere a un proyecto presupuestario, no a una asignación final aprobada. Confundir ambos momentos debilitaría cualquier crítica seria.

III. ¿Gastar para atender necesidades o invertir para superar el rezago? Una política rural moderna debe proteger a las familias de la pobreza y, simultáneamente, proporcionar medios para producir, transformar y comercializar. Si atiende únicamente la pobreza inmediata, puede perpetuar la dependencia. Si privilegia únicamente la productividad empresarial, puede dejar fuera a quienes carecen de capital o tierra. No basta evaluar el PEC por el número de beneficiarios o por el porcentaje de recursos ejercidos. Hay que preguntar cuántos productores aumentaron sus ingresos, cuántas hectáreas recuperaron fertilidad, cuántas comunidades mejoraron su acceso al agua y cuántos jóvenes encontraron condiciones para permanecer en su territorio. El éxito de un presupuesto rural no se mide solamente por cuánto se entrega, sino por cuánto transforma.

IV. Autosuficiencia alimentaria y soberanía nacional La autosuficiencia alimentaria no implica producir absolutamente todo lo que se consume. Supone fortalecer capacidades estratégicas, reducir vulnerabilidades y garantizar alimentos básicos. México puede exportar productos agroalimentarios de alto valor y, a la vez, depender de importaciones de determinados granos esenciales. Esta contradicción exige revisar qué producimos, quién produce, en qué condiciones y quién captura el valor. La soberanía alimentaria también comprende semillas nativas, recursos genéticos, conocimiento campesino e investigación pública. La agricultura familiar y la comercial deben integrarse mediante políticas diferenciadas, sin convertirlas en adversarias. Pedirle al pequeño productor que produzca más, sin crédito, agua ni condiciones de mercado, no es una estrategia: es trasladarle la responsabilidad del fracaso institucional.

V. El agua: la frontera del futuro agrícola La presión sobre los recursos hídricos obliga a reconsiderar el modelo productivo. En territorios áridos y semiáridos como Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, no basta perforar más pozos ni ampliar superficies sin evaluar la disponibilidad real de agua. Se requieren captación pluvial, rehabilitación de infraestructura, riego tecnificado, recuperación de suelos y cultivos adaptados a las condiciones locales. La hidroponía y la agricultura protegida pueden complementar estas acciones, pero necesitan capacitación, inversión, energía y evaluación de costos. Un presupuesto que ignora la seguridad hídrica puede terminar financiando actividades sin viabilidad futura.

VI. Aguascalientes: espejo de las contradicciones nacionales Aguascalientes concentra tensiones que hacen indispensable revisar la relación entre presupuesto, productividad y agua. La responsabilidad no es exclusiva de la Federación: los gobiernos estatales también definen prioridades, distribuyen recursos y deben rendir cuentas por los resultados. ¿Cuánto del gasto estatal llega realmente a inversión productiva? ¿Qué parte beneficia a pequeños productores, ejidatarios, mujeres y jóvenes? ¿Qué resultados verificables han tenido los programas de tecnificación, conservación hídrica y fortalecimiento económico? ¿Existe una estrategia plurianual con metas públicas? No basta presentar fotografías de apoyos entregados o cifras de eventos realizados. Hay que demostrar mejoras sostenidas en ingresos, productividad y bienestar. La segunda entrega examinará específicamente el papel de la SEDRAE, las decisiones estatales y las omisiones

Primera entrega pendientes de documentar.

VII. Cinco cambios urgentes

• Distinguir y evaluar por separado el gasto social rural y la inversión productiva, reconociendo la necesidad de ambos.

• Construir una estrategia multianual de agua, caminos, almacenamiento y transformación de alimentos.

• Fortalecer financiamiento, asistencia técnica e investigación aplicada para pequeños y medianos productores. • Impulsar organizaciones económicas campesinas capaces de agregar valor y negociar mejores condiciones comerciales.

• Someter presupuestos y resultados a vigilancia social, transparencia territorial y evaluación independiente.

VIII. Conclusión: el campo necesita justicia, no compasión presupuestaria El PEC exhibe una contradicción: el Estado reconoce la importancia estratégica del campo, pero el proyecto de 2027, según el comparativo utilizado, supone una reducción real del conjunto de recursos concurrentes. Esto no demuestra que toda la política rural haya fracasado; tampoco permite presentar el ejercicio de cientos de miles de millones de pesos como prueba automática de transformación. El campo no es una fotografía folclórica, una reserva de votos ni una ceremonia anual de reconocimiento al campesinado. Es territorio, producción, cultura, alimentación, biodiversidad, trabajo y soberanía. Porque una nación que presume de sus raíces, pero no cuida la tierra donde nacieron, termina convirtiendo su historia en discurso y su futuro en dependencia. La discusión presupuestaria debe llegar hasta la parcela, el ejido, el pozo, el mercado y la mesa de cada familia. Allí se mide el verdadero resultado de una política rural.

Primera entrega

FUENTES Y NOTA EDITORIAL Material de análisis presupuestario de Omar Ovalle, proporcionado como referencia para esta serie; Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, Anexo 11; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026–2030; análisis presupuestario de Fundar. Las cifras comparativas de 2027 requieren cotejo final con las tablas oficiales antes de su publicación en medios.