MIAA: un modelo que cobra casi todo,
pero todavía pierde la mitad del agua

Cecilio Ávila García

….es una irresponsabilidad política.

Mucho presupuesto, poca transformación

Para 2026, MIAA cuenta con un presupuesto total de aproximadamente 1,525 millones de pesos, incluyendo recursos del programa federal PRODDER. De ese monto, 1,353.7 millones corresponden a gasto corriente y 171.3 millones a gasto de capital.

El presupuesto contempla 423.2 millones de pesos para servicios personales, hasta 1,012 plazas y solamente 31.5 millones en el capítulo específico de inversión pública. En su clasificación programática destina 121.5 millones a facturación, 32.9 millones a recaudación y apenas 31.3 millones al rubro denominado “fortalecer las inversiones en infraestructura”. También aparecen 19.4 millones para difusión y promoción de los programas de MIAA.

El mensaje presupuestal es preocupante: se programa casi cuatro veces más dinero para facturar que para fortalecer inversiones en infraestructura.

MIAA podrá explicar que parte del mantenimiento se encuentra distribuido en otros capítulos y programas. Es cierto. Pero precisamente por eso debe publicar información sencilla, verificable y territorializada: cuánto dinero se invierte realmente en sustituir tuberías, cuántos kilómetros de red se rehabilitan, cuánto volumen se recupera, en qué colonias disminuyen las fugas y cuánto cuesta recuperar cada metro cúbico.

No bastan boletines, fotografías de obras o ceremonias frente a un nuevo pozo. La transparencia del agua no se mide por el número de publicaciones en redes sociales, sino por resultados auditables.

A esta preocupación se sumó, en julio de 2026, la exigencia pública de auditar diversos contratos del organismo. Una diputada federal cuestionó, entre otros, un supuesto contrato de 24 millones de pesos para remodelar oficinas mediante adjudicación directa. La acusación debe probarse documentalmente y MIAA tiene derecho a responder; pero precisamente por tratarse de recursos obtenidos mediante el cobro de un derecho humano, la aclaración no puede reducirse a descalificaciones partidistas. Se requieren contratos íntegros, anexos técnicos, proveedores, justificaciones y entregables públicos.

El Órgano Superior de Fiscalización incluyó a MIAA en su programa de revisión de la Cuenta Pública 2025 con auditorías financiera y de inversión pública. Sin embargo, la auditoría de desempeño programada aparece limitada a “Formación y cultura del agua”. Eso resulta claramente insuficiente. La evaluación debe abarcar eficiencia física, continuidad, calidad, fugas, costos, contratos, tratamiento, reúso y recuperación del acuífero.

Perforar más pozos no es resolver el problema

La respuesta gubernamental continúa apoyándose en perforar, equipar y poner en operación nuevos pozos. Esa política puede aliviar temporalmente el desabasto de una colonia, pero no resuelve la crisis: la profundiza.

Un pozo nuevo no produce agua nueva. Solamente introduce otra bomba en el mismo acuífero deficitario.

Mientras no disminuya la extracción total, perforar más equivale a poner más popotes en un vaso que ya se está vaciando. El resultado será mayor profundidad de bombeo, costos crecientes de electricidad, deterioro de la calidad del agua, hundimientos, grietas y una dependencia cada vez más peligrosa de reservas subterráneas antiguas.

MIAA tampoco puede presentarse como solución integral para todo el estado. Jurídicamente es un organismo del municipio de Aguascalientes. El acuífero, en cambio, atraviesa varios municipios, abastece ciudades, comunidades, industrias y zonas agrícolas. La grandilocuencia del nombre no sustituye la coordinación regional.

Lo que debería exigirse

Aguascalientes necesita mucho más que un cambio de administrador. Requiere una política de emergencia hídrica con obligaciones medibles:

Primero, un balance público trimestral que informe cuánto se extrae, distribuye, factura, pierde, trata y reutiliza. Los datos deben presentarse por pozo, sector hidrométrico y colonia.

Segundo, un programa extraordinario de sustitución de redes, con metas anuales obligatorias para elevar la eficiencia física. Si hoy ronda el 50 por ciento, la ciudadanía debe saber cuándo llegará al 60, al 70 y al 80 por ciento, cuánto costará y quién responderá si no se cumple.

Tercero, una auditoría externa, técnica y financiera de MIAA. No una revisión complaciente ni un ajuste de cuentas partidista, sino una evaluación independiente y pública de contratos, nómina, compras, adjudicaciones, obras y resultados.

Cuarto, proteger un volumen mínimo de agua para todas las familias. Las tarifas deben castigar el consumo excesivo, los usos suntuarios y el desperdicio empresarial, no condenar a los hogares pobres mediante cortes o cobros imposibles.

Quinto, publicar los análisis de calidad de cada pozo y de la red de distribución, incluyendo parámetros como arsénico, fluoruro, metales, nitratos y presencia microbiológica. La ciudadanía tiene derecho a saber no sólo si llega agua, sino qué agua está bebiendo.

Sexto, impedir que la tecnificación agrícola se convierta en pretexto para ampliar superficies de riego. El agua ahorrada debe permanecer en el acuífero, no utilizarse para abrir nuevas hectáreas o alimentar desarrollos inmobiliarios.

Séptimo, condicionar nuevos fraccionamientos, industrias y proyectos urbanos a una disponibilidad real de agua, sistemas de captación pluvial, tratamiento y reúso. No se puede seguir autorizando crecimiento urbano sobre un acuífero en números rojos y después perforar otro pozo para sostenerlo.

El agua no necesita propaganda

La recuperación pública del servicio fue una oportunidad histórica, pero MIAA no puede vivir eternamente de compararse con Veolia. Después de casi tres años, debe ser evaluado por sus propios resultados.

No basta con afirmar que el organismo pertenece a la ciudadanía. Debe demostrarlo abriendo sus contratos, sometiendo sus decisiones al escrutinio público, reparando la red, garantizando agua de calidad y reduciendo de verdad la extracción.

Aguascalientes no morirá de sed de un día para otro. El deterioro será más lento y, por eso mismo, más peligroso: pozos más profundos, agua más cara, colonias con tandeos, comunidades desplazadas, tierras improductivas y un territorio hipotecado para las siguientes generaciones.

La verdadera pregunta no es si MIAA cobra mejor que Veolia. La pregunta es si está evitando que Aguascalientes se quede sin agua.

Hasta ahora, las cifras indican que todavía no.

El agua no se defiende con nuevos logotipos, oficinas remodeladas ni discursos de autosuficiencia. Se defiende cerrando fugas, deteniendo la sobreexplotación, transparentando cada peso y colocando la vida por encima del negocio, la burocracia y la propaganda.

Fuentes consultadas

Conagua. Disponibilidad por acuífero en Aguascalientes. Consultar fuente

Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para 2026. Consultar fuente

LJA.MX. Eficiencia física del servicio de agua en Aguascalientes. Consultar fuente

El Sol del Centro. Eficiencia comercial y cierre financiero de MIAA 2025. Consultar fuente

OSFAGS. Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública 2025. Consultar fuente

El Clarinete. Exigencia pública de auditoría a MIAA, julio de 2026. Consultar fuente

Ayuntamiento de Aguascalientes. Rechazo a la prórroga de Veolia e inicio de MIAA. Consultar fuente