Por Osharu.
En un análisis jurídico de los hechos suscitados en fechas recientes, en la comunidad de Jaltomate del municipio de Aguascalientes, deja como reflexión entre tantas, las argucias utilizadas por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, violando descaradamente a los derechos humanos y al debido proceso, tras la detención injustificada y amañada de once ciudadanos, convertidos a la postre en presos políticos, a quiénes se les quiso fabricar delitos pues sin orden de aprehensión ni de decomiso, fueron trasladados junto con 5 unidades vehiculares por elementos de la policía estatal al complejo C4, para ponerlos a disposición horas más tarde de su detención, ante la Agencia del Ministerio Público.
Acusados de resistencia a particulares y de despojos, trataron con ello, intimidarlos en las negras pretensiones gubernamentales en contubernio con inmobiliarios, de adjudicarse más allá de los derechos ejidales de propiedad, que amparan un predio de más de 14 has, así lo manifestó para El Látigo, el dirigente del Frente de Lucha Campesina y también integrante del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en la entidad Profesor Manuel Medina Ortega, quién además compartió elementos serios de crítica de los abusos en los que incurren funcionarios estatales de gobierno, los cuales, dan pie a hacerlos públicos, es decir, hace responsables a las autoridades en mención de una falsedad de fabricación de delitos como acostumbran, o bien, de las agresiones a las que fueran objeto, tanto él como los ejidatarios que son 145 o de algunos de sus familiares, luego de que le indicara el subsecretario Gerardo Dávila Díaz De León que parara su pedo.
Cabe aclarar que este predio en disputa, intereses de particulares con la venia de antes gobernador Carlos Lozano se iban apoderando poco a poco, sin embargo, en apego a la lógica histórica que data del año 1934 en la que, se hacen como dueños de estas tierras para cultivo o pastoreo de ganado a los ejidatarios de Jaltomate, por ello, en alguna ocasión se había derribado una barda perimetral que buscaba limitar esta condición de propiedad puntualiza el líder social que se solidariza con esta causa.
El proceso de las detenciones y el decomiso de vehículos como su patrimonio, aunado a la demanda infundada y a toro pasado, que presentara la Lic. Brenda Ileana Macías De la Cruz en su calidad de Directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, misma que sin tener la personalidad jurídica necesaria, detona la malversación de la ley, al primero detener y luego efectuar la demanda 14 horas después, aunado a que en dicho proceso, ni siquiera aplicaran el principio de presunción de inocencia, es más, los únicos acreditados para este tipo de actos serían el Secretario de Gobierno ó en su defecto, el propio Fiscal General del Estado, agrega.
La intencionada grilla para venderles a particulares, se deja de manifiesto, por tanto, los absurdos caprichos de la aplicación de la ley, obliga a que el Fiscal no distorsione todo, o sea, ni con la autorización del mediador de Gobierno del Estado de Aguascalientes Ing. Alfredo Reyes Velázquez según orden superior de las instancias, logró la liberación de los últimos siete detenidos, dando como único argumento, la in voluntad y el capricho del titular de la fiscalía, asegura el mentor Medina Ortega.
Sin antecedente de litigio sobre el asunto de este terreno, basta retomar el lícito fin de la realización del Proyecto Productivo Social en él, no toleramos, ni permitimos la ley del garrote usando la fuerza pública, por ello, demandamos la oportuna intervención y acción de la CEDH, misma, que en honor a la verdad, acudió al llamado que se hiciera para que visitaran en las celdas a los once compañeros presos políticos con motivo de revisar que el trato hacia estos ciudadanos fuera bajo el protocolo del respeto a sus derechos, contrario a la manera como se los llevaron, que hasta les quemaron un jacal los estatales, ante esta serie de atropellos, les informo que se están ejecutando las acciones legales que impliquen, para destrabar y resolver con apego a la ley, esta problemática que ocupa más que otra cosa, voluntad y sensibilidad política, de la que carecen servidores públicos externó.
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