- Son señalados como presuntos responsables el presidente municipal de Aguascalientes, así como autoridades del Ayuntamiento de Aguascalientes.
- Derivado de recientes acontecimientos en que se vulneró su seguridad e integridad física, también se señalan a directivos de Gobierno del Estado.
La regidora Martha Márquez presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar actos y hechos de violencia sistemática y continuada a sus derechos fundamentales, que vulneran y ponen en riesgo, su integridad física, la de sus hijos menores de edad, su libertad, su vida familiar, así como afectaciones a su nombre, su honra e imagen.
En la queja presentada también se denuncian hechos reiterados de violencia política de género en su contra, persecución política, violencia institucional, hostigamiento e intimidación, señalándose por todas las violaciones graves, sistemáticas y continuadas previamente mencionadas, al presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, al secretario del Ayuntamiento, Enrique García López y a Javier Soto, en su carácter de exsecretario del Ayuntamiento.
Derivados de los recientes acontecimientos, en que, de manera pública, mismos que se quedaron evidenciados por transmisiones en vivo en redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Aguascalientes, también se señala al director de Giras del Gobierno del Estado, Rafael Espinoza, además de elementos de la Policía Estatal, Municipal, escoltas, personal de seguridad privada y logística que intervinieron en actos de hostigamiento, proximidad física y uso de la fuerza.
En la queja también quedó asentado que, debido al ejercicio de su libertad de expresión, al denunciar actos de corrupción en el ejercicio público de las administraciones municipal y estatal de Aguascalientes, ha sido objeto de ataques, violencia, amenazas e intimidación, agudizándose en 2024, cuando se intentó de manera agresiva, impedirle tomar protesta y ejercer su cargo como regidora electa.
Martha Márquez reiteró que no renunciará a su derecho de alzar la voz y ejercer con libertad, responsabilidad y firmeza, su labor dentro del Cabildo, pues hacerlo constituye no solo una obligación legal y ética, también es un derecho fundamental protegido, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes, a rechazar cualquier forma de violencia o persecución, y garantizar condiciones de respeto e igualdad.
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