Cuatro jueces federales presentaron un amparo en contra la decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de aprobar el proyecto de reforma judicial.
Felipe Consuelo Soto, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, afirmó que no acatar la suspensión judicial que fue otorgada a juzgadores para frenar la aprobación de la reforma judicial podría ocasionar la destitución de funcionarios.
“El desacato a una orden judicial tiene consecuencias que pueden llegar incluso a la destitución de funcionarios. Sabemos que estamos en una crisis constitucional, si ellos (legisladores) no quieren obedecer, pues no están en su derecho, pero de facto lo pueden hacer porque tienen poder”, aseguró en Aristegui En Vivo.
El juez federal de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, concedió una suspensión de oficio para que, en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma al Poder Judicial, no sea enviada a los congresos locales, quienes también tendrían que aprobar el proyecto para que pueda entrar en vigor.
Explicó que cuatro jueces federales presentaron un amparo en contra la decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de aprobar el proyecto de reforma, antes de que fuera aprobado en la Cámara de Diputados y turnado a la Cámara de Senadores.
“Consideramos que de esta manera no afectamos su trabajo legislativo, damos cabida a que las dos cámaras se pronuncien y determinen, pero el fondo del asunto que debe de resolverse será si hay o no una vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos, de todas las personas, en este caso de estos compañeros jueces”, sentenció.
Además, reveló que el día de mañana emitirá su determinación definitiva sobre este caso y decidirá qué es lo que procede.
“El día de mañana yo voy a determinar sobre si esta suspensión provisional va a continuar o voy a emitir otro tipo de negarla o establecer otro tipo de efectos”, agregó.
Aseguró que sigue meditando el caso, pues requiere de objetividad, de tranquilidad y de un análisis profundo, ya que el derecho es complejo y más tratándose de un tema inédito donde se está abriendo una brecha y una crisis constitucional.
“Al no haber una jurisprudencia aplicable al caso específico, pues uno va sobre lo que uno considera, precisamente por eso, la diferencia de criterio entre la Jueza Quinto y yo en el sentido de los efectos; ella consideró que los efectos serían que no se discutiera ni se aprobara por la Cámara de Diputados, yo lo vi desde otro punto de vista, ¿por qué? Pues porque no hay nada en la ley ni en la jurisprudencia que nos dé una solución, no es tan fácil”, aseveró.
Explicó que el juez no nada más tiene que buscar en la ley la solución y bajarla al caso concreto, pues hay muchos casos concretos que no están en la ley y se tiene que hacer hermenéutica jurídica, o sea, una interpretación “y hay muchos métodos de interpretación legal”.
Además, especificó que es consciente de la gran responsabilidad que hay y que está asumiéndola con todas sus consecuencias.
“Empieza a haber un poquito de groserías y de amenazas veladas en mi contra, lo cual me tiene sin cuidado. A lo mejor son bots (en las redes sociales). Del diputado Monreal, yo lo que puedo decir es que está un poquito ofuscado (…) sí ya ese día, cuando dijo juicio político y denuncia penal y todo eso como que se extralimitó, pero bueno, le ganó la emoción”, señaló.
Aclaró que él no se siente amenazado por ser sometido a estos recursos y aseguró que no se echará para atrás en sus decisiones.
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