Human Rights Watch es una organización más que se suma al rechazo a la ley de seguridad interior, por lo que pide al Senado no aprobarla.
“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos”, destacó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
“Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”, agregó de acuerdo con un comunicado.
“Es necesario que haya un debate mucho más serio sobre temas de seguridad en México”, opinó Wilkinson. “Es notable que, tras más de 10 años de resultados nefastos y catastróficos, el Congreso mexicano pretenda reforzar una estrategia de seguridad pública militarizada que ya ha demostrado ser errada y costosa”.
La ONG recordó que, entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2 mil recibidas durante el actual gobierno.
Expuso que el proyecto de ley otorga a las Fuerzas Armadas mexicanas amplias facultades para intervenir en actividades de “seguridad interior”, entre otras cosas, para recabar datos de inteligencia haciendo “uso de cualquier método lícito de recolección de información”.
El proyecto de ley no incluye medidas para fortalecer las instituciones policiales, ni tampoco una estrategia para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. La ley tampoco incluye medidas para garantizar que las operaciones militares tengan un control y una supervisión a cargo de una autoridad civil independiente, ni para asegurar que las autoridades de la justicia penal ordinaria investiguen y juzguen abusos militares, subrayó.
Información AN
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