La mañana de este viernes, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, del estado de Morelos.
La dependencia explicó que un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Borge para que se le procese penalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 900 millones de pesos, según datos ministeriales.
A través de su cuenta de twitter, la Procuraduría precisó: “#PGR logra vinculación a proceso de Roberto “N” a través del Ministerio Público de la Federación, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, por lo que permanecerá en prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso penal en su contra.
Durante la audiencia que duró al menos 12 horas, la PGR ofreció 89 datos de prueba y lo acusó de ocasionar un daño al erario de más de 900 millones de pesos, mediante la enajenación de 22 terrenos que fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos.
La PGR afirmó que Borge vendió 22 predios que formaban parte de la reserva natural y que después los remató a familiares y amigos con precios por debajo de las valuaciones en sitios denominados “paraíso” como Tulum.
Personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se incorporó al proceso legal que se desarrolló en el Estado de México, informó el fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen.
El funcionario reconoció la disposición de la PGR y la Justicia Federal, “por su vital intervención” para lograr ubicar, detener y extraditar a Borge, quien tiene en Quintana Roo tres órdenes de aprehensión por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
Pech Cen destacó que por estos delitos, de manera inicial se le imputa un quebranto económico en contra del Estado de Quintana Roo, de 3 mil, 104 millones de pesos.
De igual forma, detalló que la institución envió al centro del país a un Fiscal Especial, un comandante de la Policía Ministerial y cuatro policías ministeriales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quienes se han encargado de dar puntual seguimiento a los trámites de los oficios de colaboración en la Procuraduría de la Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de México para cumplir las tres órdenes de aprehensión contra el exgobernador.
El Fiscal General aseguró que se dio un paso importante en la lucha contra la corrupción y la recuperación del patrimonio de los quintanarroenses, pero continuarán con las labores de investigación para que, en caso de encontrarse nuevas evidencias de delitos cometidos por exfuncionarios se proceda conforme lo marque la Ley y el Principio de Especialidad del Tratado de Extradición entre Panamá y México.
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