“Este tipo de procesos requieren de unidades especializadas”, pues “cada cosa que se va descubriendo tiene que ver con otras”, indicó Julio Arbizu ex Procurador Anticorrupción.
Al narrar su experiencia con los “Vladivideos”, Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción de Perú, dijo que en su país le dieron validez a estos porque colaboró con ellos quien los grabó.
Se le denominó “Vladivideo” a los elaborados por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Perú, en los que se observa cómo se sobornaba a dirigentes políticos, empresas privadas, de comunicación y de gobiernos locales.
“Esto de los videos es absolutamente anormal en el contexto del despliegue criminal de una organización”, refirió porque “generalmente no dejan registro, huella”.
“En Perú el señor Montesinos grabó todo con la intención de hacerse de herramientas para poder coaccionar a quienes habían participado con él en actividades delictivas”, recordó.
Lo primero que enfrentaron fue el rechazo de quienes habían sido grabados, pues su defensa sostenía que se podía estar vulnerando el derecho a la privacidad, ante lo cual se tuvieron que hacer modificaciones legales, contó.
“Lo que se discutía era el origen y la posibilidad de usarlos en un proceso judicial. Se resolvió que en la medida en que era Montesinos quien grababa, era legítimo que grabara una conversación suya, esa interpretación dio lugar a que se pudieran usar esos videos y esos audios”, anotó.
En el caso mexicano donde han aparecido videos de presuntos sobornos, señaló que son “inusuales” este tipo de grabaciones pero cobran relevancia si existe colaboración de quienes participaron en ellos.
En estos materiales “se configuran todos los elementos de lo que aparentemente es el despliegue criminal de una organización”.
“La herramienta de la colaboración eficaz de aquella persona que participó, interesada en revelar todo lo que sabe, es fundamental en la lucha contra este tipo de criminalidad”, aseveró, por lo que “no hay herramienta mejor que la colaboración eficaz”.
No obstante, aclaró que “lo que dice (el testigo colaborador) tiene que ser corroborado y a cambio de eso tiene beneficio en su proceso”.
En Perú, expuso, “hubo una reacción en cadena una vez que todo se empezó a revelar” y se destapó una “organización criminal que capturaba el Estado desde adentro”.
Pero ahora destacó el protagonismo de actores privados en actos de corrupción de funcionarios, en un modelo que se ha expandido en Latinoamérica.“No estamos ante hechos aislados sino el despliegue de varias organizaciones que van encontrando la voluntad o participación oficiosa de funcionarios del Estado”, anotó.
“Cada cosa que se va descubriendo tiene que ver con otras”, refirió por lo que “este tipo de procesos requieren de unidades especializadas”.
Además de que añadió que “los jueces tendrán que ser absolutamente creativos, como aquí (en Perú) cuando no se admitía que un privado pudiera responder por delitos de funcionarios públicos”.
Por AN.
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