Respaldado por la firma de 51 legisladores de oposición, el Senado de la República presentó este jueves una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En representación de los senadores firmantes, los panistas Ernesto Ruffo y Daniel Ávila, así como la legisladora sin partido Martha Tagle, acudieron a la sede del máximo tribunal del país para entregar el documento ante la Oficialía de Partes.
Tagle Martínez recordó que fue la propia Corte, en un fallo histórico del 15 de noviembre de 2017, la que ordenó al Congreso de la Unión expedir la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de publicidad oficial, al resolver un amparo presentado por Artículo 19.
Sin embargo, subrayó que aunque se cumplió en tiempo al aprobar la normatividad antes del 30 de abril de este año, “no se cumplió con el fondo, es decir, garantizar a través de esta ley que existan medios libres, garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Lo que tiene que ver con el uso discrecional de los recursos públicos para la contratación de medios y de propaganda gubernamental y las facultades discrecionales que le dan a la Secretaría de Gobernación para seguir siendo quien controle la contratación de espacios públicos para propaganda gubernamental”.
Destacó que la normatividad aprobada no garantiza “cancha pareja” a los medios en la asignación de los recursos para la contratación de publicidad oficial, por lo que piden a la Corte que al resolver esta acción de inconstitucionalidad, les orden nuevamente legislar y cumplir a cabalidad el amparo otorgado a Artículo 19.
Ruffo Appel destacó que hubo incluso violaciones al proceso legislativo: “Aquí documentamos cómo hubo manipulación de los procesos de las comisiones legislativas pertinentes a este asunto y, además, otros asuntos de la propia actuación de la Mesa Directiva del Senado, donde violentaron los reglamentos internos para sacar esto, en razón de cumplir un ordenamiento judicial que obligaba a que esta Ley de Comunicación Social estuviera ya aprobada por ambas cámaras al 31 de abril.
“Sin embargo, apresuraron las cosas sin buscar cumplir con el contenido constitucional y lo violentaron de una manera grave. Hasta organismos internacionales han observado lo que se promulgó por el presidente (Enrique) Peña Nieto”.
Por último, reconocieron que no hay un plazo fatal para que la Corte resuelva esta acción de inconstitucionalidad: “No tienen un límite en cuanto al tiempo en que deban hacerlo. Ellos son libres de analizar, revisar, pedir información y tomar el tiempo que les sea necesario, pero así como ha sucedido en otros casos, siempre ha correspondido un fallo de la Suprema, puede tomar un mes, dos meses, seis meses, dos años, es la facultad de ellos, pero siempre lo han hecho con atingencia y han cumplido con una respuesta”.
Los senadores concluyeron que presentaron elementos suficientes para que la SCJN les dé la razón y les ordene legislar nuevamente en la materia.
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