*Vía para reconstruir la presidencia imperial.
*Sin contrapesos reales, habría una dictadura.
El senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila cuestionó la intención de Andrés Manuel López Obrador de imponer la figura de coordinadores estatales de programas de desarrollo en las 32 entidades del país.
La propuesta planteada por el virtual presidente electo violenta el pacto federal y trastoca el equilibrio y la división de poderes, aseguró el líder de los senadores del PAN.
Precisó que el mandato popular y la confianza que millones de mexicanos le otorgaron al tabasqueño no es un cheque en blanco para pretender mermar la soberanía de los estados e instaurar gobiernos paralelos a los constitucionalmente establecidos.
Advirtió que de aplicarse esta modalidad provocaría una ruptura del pacto federal; podría ser el comienzo del fin del federalismo. De entrada, es violatoria de la Constitución, que establece que entre el gobierno federal y los estados no deben existir mediadores ni terceros.
Aseveró que los emisarios del Ejecutivo invadirían la esfera de competencia de las autoridades estatales para convertirse en virreyes, en procónsules al estilo de la antigua Roma, lo cual concuerda con la presidencia imperial que encabezará López Obrador a partir del 1 de diciembre.
En opinión de Herrera Ávila es bienvenida la sugerencia de desaparecer las delegaciones federales con el argumento de la austeridad y la reducción de la burocracia, pero no deja de preocupar que quienes los suplirán para manejar los recursos y programas federales serán militantes de Morena.
Señaló que a juzgar por los nombres que se han mencionado para sustituir a los delegados federales, este esquema conlleva la centralización del poder político y económico absoluto en el partido del presidente, pues tendrán la facultad discrecional de decidir el uso y destino de los recursos.
Además, en los hechos los coordinadores tendrán a su disposición una plataforma de proyección política y de control territorial, con congresos locales a su favor.
También es motivo de alarma –apuntó– que los gobernadores en funciones y los entrantes, electos por el voto popular, serán relegados por los enviados del Ejecutivo, pues sólo rendirán cuentas a éste. Es decir, dependerán por completo del Presidente.
Consideró que más allá del sustento legal que deberá acompañar a esta nueva figura para su aplicación y del costo que implicaría desaparecer las delegaciones federales, el anuncio provoca incertidumbre y una tensión innecesaria en la relación Ejecutivo federal-gobernadores.
En principio, añadió, se trata de una señal inequívoca que confirma la pretensión de López Obrador de concentrar el poder mediante la imposición y el autoritarismo, aún a costa del desconocimiento del marco legal. Está avisando cómo es y cómo actuará.
Hizo notar que el próximo gobierno necesita contrapesos, pero contrapesos reales, no sumisos, que den seguimiento riguroso a las políticas públicas para que el discurso se convierta en hechos y se evite en lo posible que un solo hombre lo decida todo.
Esperemos –confió Herrera Ávila– que la euforia y la luna de miel que están viviendo se convierta en serenidad que le permita al nuevo gobierno hacer planteamientos más serios y objetivos.
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