En su declaración, Emilio Lozoya acusa que el expresidente Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo e intercedía, directa o indirectamente, por sus socios.
Al expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya lo describe como comisionista y cabildero del PAN, que lo mismo daba consejos sobre manejo de medios, que empujaba negocios millonarios de sus hijos y socios, o abogaba por los amigos.
En su denuncia ante la fiscalía, Lozoya narra dos episodios que señala como abuso de poder y corrupción, en los que presuntamente estuvo relacionado Salinas de Gortari.
Cuenta que Federico Martínez Urmeneta (en el documento se le cita como Urmenta), director general de Tradeco, se acercó a Enrique Peña Nieto durante un viaje a Cali, Colombia, realizado entre el 20 y 24 de mayo de 2013, para participar en un evento con otros jefes de Estado y en un foro empresarial.
Según el exdirector de Pemex, el empresario le dijo que él y su socio, Carlos Salinas de Gortari, estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales, por lo que Peña Nieto le pidió recibir a Martínez Urmeneta y ayudarlo.
“Semanas después y bajo el mismo periodo, Carlos Salinas de Gortari le pidió a mi padre ayuda para que recibiera a su amigo Federico Martínez, pues tenía problemas, y también le entregó tarjetas con proyectos que su(s) hijo(s) Juan Cristóbal querían intermediar en Pemex”, señala en el documento.
Federico Martínez tenía una serie de peticiones sobre obras que mantenía con Pemex, pero todas presentaban quejas, retrasos e incumplimientos, dice.
“Recuerdo especialmente lo relativo a los tanques de almacenamiento en Veracruz y el puente de la Ciudad del Carmen. Federico Martínez Urmeneta me pidió modificar los contratos y perdonar penalidades, ante lo que me negué. Me respondió que su socio Carlos Salinas de Gortari había hablado con mi padre y Enrique Peña Nieto, y que por favor tomara en cuenta lo que haría con sus amigos los senadores del PAN”, recuerda.
Al final, no hubo cambios a estos contratos, dice, pero supo que de éstos se beneficiaron los sujetos señalados cuando José Antonio González Anaya, concuño del expresidente Salinas, asumió la dirección de Pemex.
“En relación a Tradeco, puedo relatar una posible red adicional de complicidades, ya que en un encuentro que tuve en la pizzería La Loggia de Polanco entre septiembre y octubre de 2013, aproximadamente, con el senador Roberto Gil Zuarth para comentar diferentes temas en el sector energético, me confirmó que varios colegas suyos, senadores del PAN, recibían apoyos para la aprobación de la reforma energética”.
Señala que en esa charla le entregó una lista que describía los mismos proyectos de la empresa Tradeco con que estaban emproblemados con Pemex, y que le dijo que el entonces senador Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez habían pedido que le insistiera en resolver esos problemas, ya que la empresa les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de sus votos.
Tradeco había sido considerada una de las constructoras consentidas de los sexenios panistas y, según reportes periodísticos, ganó contratos por 20 mil millones de pesos; su mayor proyecto fue en la administración de Felipe Calderón, cuando construyó el puente atirantado El Baluarte, el más alto del mundo y que cruza el Espinazo del Diablo en la Sierra Madre Occidental; representó un contrato por 2 mil millones de pesos.
Para los tiempos de Peña Nieto, la empresa ya tenía problemas dentro y fuera de México por incumplimiento y deudas. En agosto de 2016, fue una de las constructoras que presentaron propuestas para participar en la licitación de la Pista 2 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), pero, ese mismo mes, Tradeco Infraestructura fue inhabilitada para celebrar contratos con alguna entidad gubernamental en los siguientes 30 meses (dos años y seis meses).
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de agosto de 2016, esto se resolvió ante el procedimiento administrativo de sanción a proveedores, licitantes y contratistas instaurado en contra de Tradeco Infraestructura.
Según su página de internet, Tradeco fue fundada en 1992 con la misión de convertirse en una de las principales desarrolladoras de infraestructura en el país; en 2016, anunciaba su deseo de incursionar en la producción de electricidad para aprovechar la reforma energética.
Gestión de contratos por Salinas de Gortari
Lozoya recuerda que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagar a la empresa Trese más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima.
“Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa”, afirma; “recuerdo, incluso, haber visto fotos que mostraban ‘hoyos por corrosión’ en varias partes del equipo”.
En Internet, una empresa bajo esa denominación se describe como dedicada a encontrar, alrededor del mundo, soluciones integrales para las necesidades de México en el renglón de la energía. “Nuestro personal posee amplia experiencia técnica para resolver cualquier necesidad en el sector energético, destacando nuestro eficiente equipo de ingenieros”, dice.
Entre los servicios que ofrece, figura nueva tecnología para construcción y reparación subterránea sin necesidad de levantamiento del ducto.
José Antonio González Anaya, exdirector de Pemex y exsecretario de Hacienda, advirtió a Lozoya sobre las presiones de Salinas en relación con la gestión de contratos.
“Me dijo que tuviera cuidado con su concuño Carlos Salinas de Gortari, ya que quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba traidores”.
Recuerda que le sugirió que fueran a cenar con él, porque, de lo contrario, le seguirían golpeando en medios de comunicación.
“Yo dije que ‘lo buscaría’, pero ignoré estas componendas, pues tenía que enfocarme en un asunto de trascendencia nacional que -ya desde entonces- era un problema brutal y vinculado al crimen organizado, como el relativo al robo de hidrocarburos”, describe.
Para ejemplificar todo este aparato de complicidades, relata que al día de la entrega/ recepción en Pemex, González Anaya recibió -por lo menos- cuatro llamadas de Salinas de Gortari para asesorarlo con los medios de comunicación.
“En el marco de esas llamadas, yo pude escuchar cómo abordaban temas relativos a los proyectos que pronto encauzarían”, afirma.
Robo de combustible
En su declaración, Lozoya describe como un asunto de trascendencia nacional y vinculado al crimen organizado el huachicol.
Al asumir la dirección general de Pemex, afirma, solicitó una reunión con los secretarios de Gobernación y el de la Defensa Nacional, así como el almirante secretario, para plantear la creación de un grupo de trabajo de cara a enfrentar este gran problema.
En ese encuentro, se determinó que se requería invertir en tecnología y equipamiento especializado, ya que lo que se había adquirido entre los años 2011 y 2012 ya era obsoleto. Lozoya menciona lanchas no tripuladas con ametralladoras y drones que, después de cierta distancia, perdían la señal y se desplomaban.
Se adquirieron aviones con radares, helicópteros y vehículos todo terreno con comunicación entre sí y que permitían detectar a grupos delictivos y poder responder con mayor rapidez.
“La entrega de estos equipos tardó entre 18 y 20 meses, y cuando se empezaron a utilizar, las cifras de robo disminuyeron de forma importante”, explica.
Lozoya hace alusión a Eduardo León Trauwitz, que fue jefe de seguridad de Pemex y que más tarde fue acusado de los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, huachicoleo.
“Al respecto y con relación con las funciones desempeñadas por el señor Trauwitz, quiero informar a esta autoridad, que no dependía de mí y que estaba plenamente coordinado con las áreas de seguridad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.
Los datos que señala son públicos y se verificaron, sobre todo, en el 2015 y el primer trimestre de 2016, señala.
“Sin embargo, de forma absurda e incongruente mis sucesores decidieron parar este programa por considerarlo un gasto; esto ante la fuerte protesta de las fuerzas armadas”.
Según Lozoya, el resultado fue que en los últimos tres años de Peña Nieto se incrementó el robo en más de 150 por ciento, resultando en pérdidas monumentales para las finanzas de la nación.
En su declaración, un documento de 63 páginas, Lozoya concluye con una denuncia formal de hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables, y en contra de una larga lista de personas, nombres de la élite política, principalmente; en la última página, el último nombre es el de Carlos Salinas de Gortari. “Entonces comisionista y cabildero del PAN”, dice.
Por AN.
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