La Cámara de Diputados aprobó y turnó este jueves al Ejecutivo federal la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud para armonizar estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.
Una de las características fundamentales de la legislación es la investigación de los delitos a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas.
La ley describe y emplea los protocolos necesarios, que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda, atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas y formas de los reportes, las denuncias de la desaparición, los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.
Incluye un mecanismo de apoyo en el exterior, el cual representará un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño a personas migrantes o sus familias.
El dictamen de la minuta que turnó el Senado se aprobó en lo general por unanimidad, sin cambios, con 397 votos a favor, y tras retirarse y rechazarse 54 reservas, se avaló en lo particular, también por unanimidad, con 361 votos a favor, y se turnó al Ejecutivo.
Incrementan sanciones en casos de desaparición forzada
Con esta legislación se crean el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En el documento se establece la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para combatir este delito (desaparición forzada) e incrementa las penas para quienes lo cometan.
Estipula que a quien incurra en esta falta, se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa, la cual se puede aumentar hasta en un 50 por ciento, cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
A su vez, se indica que la desaparición cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
Asimismo, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano, a fin de establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual deberá ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Esta Comisión contará con grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliase por expertos y cuerpos policiales especializados.
También, se crea un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo fundamental es el involucramiento de la sociedad civil de las víctimas en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema.
También se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Finalmente, en el artículo Transitorio Segundo se señala que queda abrogada la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
ONU saluda aprobación
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, indicó este jueves que saluda la aprobación por parte del Congreso de la Unión, y llamó a que se implemente de manera efectiva pues “ayudaría a sanar el dolor que aflige a las miles de víctimas y a sus familiares, así como a combatir una grave violación a los derechos humanos, por desgracia ampliamente extendida en México y que se remonta a más de cuatro décadas”.
Ley es producto de una incansable labor: AI
A su vez, Amnistía Internacional consideró que esta ley “constituye un primer paso para que la justicia sea una realidad”.
Se reproduce el comunicado íntegro de dicha organización:
Ciudad de México, 12 de octubre de 2017.- La ley general sobre desaparición aprobada hoy por la Cámara de Diputados en México constituye un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos en el país. Ahora falta dar los pasos concretos para que pueda avanzar con firmeza a ser una realidad. Amnistía Internacional llama al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a publicar con prontitud la ley y a tomar todas las medidas necesarias para su implementación.
En la búsqueda de la justicia, y reparación para las familias de las víctimas de desaparición este es un primer paso, pero falta mucho, incluyendo el aseguramiento de que la Ley y las instituciones de búsqueda que creó cuenten con recursos suficientes para su implementación.
“Esta nueva ley es un paso importante y es producto de una incansable labor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país. Se requerirá una fuerte voluntad política y la asignación de recursos suficientes para que la ley pueda concretarse como una realidad para las más de 33 mil personas actualmente desaparecidas en México”, manifestó Raquel Aguilera de Amnistía Internacional México.
“El marco ya existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país”, finalizó.
Amnistía Internacional respeta y respalda el trabajo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país y reconoce su gran esfuerzo en la creación de esta ley.
(Con información de Notilegis, ONU y Amnistía)
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