La Procuraduría General de la República (PGR) cometió excesos y violaciones a derechos humanos durante el aseguramiento de la empresa First National Security, que renta cajas de seguridad en el estado de Quintana Roo, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH acreditó que, aunque un juez de control otorgó una orden de cateo al agente del Ministerio Público Federal, éste omitió informar al juez que el lugar objeto de cateo era un establecimiento mercantil abierto al público, que contenía varias cajas de seguridad de distintos usuarios, y dio una dirección que no coincide con la dirección real de la empresa.
En caso de que el agente del Ministerio Público Federal desconociera que el lugar para el que solicitó una orden de cateo resguardaba varias cajas de seguridad, lo adecuado habría sido que no asegurara las cajas e hiciera una nueva solicitud de orden de cateo indicando qué cajas estaban directamente relacionadas con la investigación.
La solicitud de una orden de cateo a la empresa First National Security deriva de un informe realizado por Policías Federales, quienes el 30 de septiembre de 2017 se trasladaron a Cancún, Quintana Roo, para ubicar diversos domicilios.
“Arribaron dos camionetas tipo Lobo (doble cabina) de color negro, de las cuales descendieron personas del sexo masculino, portando radios de comunicación y armas largas, quienes vigilaban la calle fuera de la casa, mientras se observó que sacaban fuera de la casa varias maletas de viaje de gran tamaño y diversos paquetes confeccionados en cinta canela subiéndolas a una de las camionetas”, dijeron los policías federales en su informe, del cual se cita un fragmento en la recomendación 06/2018 de la CNDH.
Los policías federales siguieron a las camionetas y después de 10 minutos llegaron a First National Security, donde los sujetos a bordo de las camionetas bajaron y comenzaron a introducir las maletas y paquetes envueltos en cinta canela. Los agentes añadieron en su informe que, en todo momento, sujetos con armas largas custodiaron las camionetas.
La PGR ya tenía información sobre dos personas que rentaban cajas en First National Security y que estaban relacionadas con los delitos que investigaba, pero aun así aseguró todo el inmueble y 18 días después de ejecutar la orden de cateo realizó una nueva diligencia para abrir la bóveda y todas las cajas de seguridad para extraer su contenido y agregarlo como evidencia. Esta diligencia se realizó sin una nueva orden de cateo o sin que se ampliara la primera.
“Las cajas de seguridad no debieron ser aseguradas y mucho menos abiertas para la extracción de su contenido, pues es claro que en caso de que se encontraran vinculadas las cajas de seguridad con las personas investigadas en la carpeta sólo procedía el aseguramiento respecto de las que fuesen identificadas, y aun teniéndolas identificadas y aseguradas AR1 debió formular una nueva solicitud de cateo para abrirlas”, concluyó la CNDH.
La Comisión añadió que, aunque no se pudo acreditar del todo, varias personas denunciaron que uno de los requisitos que puso la PGR para que los usuarios de las cajas recuperaran sus pertenencias fue presentar pruebas de que se habían desistido de presentar un amparo ante el Poder Judicial o una queja ante el organismo de derechos humanos.
Las quejas de los usuarios afectados fueron principalmente que no se les notificó el aseguramiento de sus cajas ni se les proporcionó información sobre su situación jurídica, la PGR les informó verbalmente que tendrían que acreditar la propiedad de los objetos en la Ciudad de México y posteriormente, cuando la PGR realizó entrevistas en Quintana Roo para que los afectados recuperaran sus pertenencias, éstas eran muy largas y ponían en duda la inocencia de los usuarios.
La CNDH recomendó a la PGR que, conforme a derecho, se devuelvan a la brevedad las pertenencias a las personas usuarias de las cajas de seguridad que aún no hayan sido devueltas; colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia que presente ante la Visitaduría General de la propia institución contra los dos servidores públicos y quien resulte responsable por el exceso en la ejecución del cateo.
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