- Ante el pleno del Senado, presentó una iniciativa de reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
- Con esto se busca reducir el robo a unidades de autotransporte y carga que durante los últimos cinco años se ha incrementado hasta en un 90%
- Este delito impacta considerablemente la economía nacional al dañar a la sociedad en su conjunto, por lo que debe ser combatido
Como parte de su labor legislativa y comprometido con la búsqueda de soluciones para abatir los crecientes índices de inseguridad que aquejan a la Nación, el Senador por Aguascalientes Toño Martín del Campo presentó ante el pleno el dictamen sobre la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y un artículo 168 del Código Penal Federal, mismo que ya fue aprobado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.
Debido a que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, el gobierno debe garantizar que éstos sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, por ello la importancia de esta minuta cuyo objetivo principal es dotar de las herramientas legales al Estado para combatir los delitos que se cometen al amparo de los aparatos tecnológicos, tal es el caso de los inhibidores de señal que son utilizados por los grupos delincuenciales para incomunicar a los operadores de las unidades de autotransporte y carga y de esta forma apoderarse de las cargas que trasladan sobre las autopistas de nuestro país.
“En muchas ocasiones estos delitos concluyen con la pérdida de la vida de muchos choferes, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento del 80 al 90% en los últimos cinco años, sobre todo del robo de autotransportes en el país con la pérdida de la vida de los choferes y ayudantes, es así como daña nuestra economía y crecen día con día los delitos”.
De acuerdo a lo anterior, el legislador señaló que el robo al autotransporte representa un gran impacto en la economía nacional, pues implica consecuencias para todos los involucrados con la comercialización de las mercancías que son transportadas, lo que ocasiona que los clientes del servicio pierdan confiabilidad y sobre todo el desabasto del producto en el mercado.
“Combatir la delincuencia no es una tarea fácil, representa un reto para todos y si bien es cierto, la tecnología ha ayudado a muchos sectores de la sociedad, también es cierto que en esta ocasión también ha afectado. Es por eso que hoy estamos convencidos de que esta reforma vamos a apoyarla y sobre todo, el poder combatir el robo de transporte de carga y también no quedarán impunes aquellos que utilicen o porten un inhibidor de señal para cometer algún crimen”.
Explicó que cuando los bloqueadores operan en múltiples bandas de frecuencia, pueden generar señales perjudiciales afectando todo tipo de servicio pudiendo incluso obstaculizar la labor policial al interferir en los sistemas radioeléctricos de comunicación utilizados por las fuerzas de seguridad.
Martín del Campo precisó que de entrar en vigor estas modificaciones quedará prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen y se sancionará con pena de 12 a 15 años de prisión a quien incumpla dichas disposiciones.
De igual forma, los particulares que posean aparatos o equipos de esta naturaleza deberán entregarlos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o bien destruirlos en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Finalmente, solicitó a las y los Senadores presentes su voto a favor hacia esta reforma, toda vez que los fines que persigue están encaminados a evitar la pérdida de más vidas humanas a causa de este delito, además de otorgar mayores garantías al sector empresarial en el traslado por vías carreteras de sus mercancías.
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