Tropelías en trámites gubernamentales en Aguascalientes.

img_20161103_103601Luego de recabar las inquietudes ciudadanas sobre los excesivos cobros que se realizan por realizar algunos trámites en las dependencias de Gobierno del Estado de Aguascalientes, El Látigo se hizo presente en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y Comercio, que depende directamente de la Secretaría General de Gobierno para cotejar tales versiones, a lo que, de manera aleatoria se abordaban ciudadanas (os) para tomar sus comentarios respecto a los asuntos que se atienden en esta dependencia particularmente, situación que nos reflejó en principio de cuentas observar que es sumamente demandado los servicios que se ofrecen, por tanto, se determinó los faltantes de equipos para la consulta de ubicación de bienes, así como también de los excesivos costos que implican la solicitud de documentos tales como la carta  de la libertad de gravamen de algunos bienes, misma que su costo es de 185 (ciento ochenta y cinco pesos) y el tiempo de respuesta es de ocho días hábiles.

Indudablemente que los escenarios a los que de manera frecuente se enfrenta la ciudadanía son lastimosos tanto económicamente como ineficientes  sometiéndose a una burocrática acción que evita tener una respuesta pronta y expedita.

De manera compartida según comentarios de usuarios extienden el ejemplo a los que se realizan en la Secretaría de Finanzas lugar donde se pierde todo el día para llevar a cabo la solución a uno de los tantos problemas que tienen los ciudadanos, orillando a solicitar la intercesión de gestores externos que dan atención y solución a sus demandas.

La situación económica por la que atraviesa el groso de la población, inhibe la participación de mantener sus cuentas al corriente, ya que son insuficientes los ingresos que perciben, además de la tardanza en las que se ven involucrados.

El reto fundamental más allá de las vanidades como las distinciones en materia de Regulación, es poner a la vanguardia los equipos y sistemas que respondan a la demanda social, y de manera implícita, la actualización y capacitación del personal administrativo que realiza estas y demás funciones para dar respuesta a este tipo de problemáticas.

Por Osharu

 

 

 

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