Por Osharu.
El escenario en México sobre la procuración de justicia, actualmente es tan incierto, que obliga a estructurar nuevas medidas gubernamentales, entre las que se destaca la Ley Contra la desaparición forzada, aprobada por mayoría de los Grupos Legislativos recientemente en la Cámara de Diputados, dejando solo pendiente la cuestión presupuestal, destacando que se trabajó con familiares de víctimas de desaparecidos.
La Ley en cuestión es el reflejo del terrible flagelo que se presenta en la desaparición de víctimas, teniendo la cifra de registro de 32 mil, lo cual conlleva a la afectación de igual número de familias, por ello, se hace además indispensable, situar en ese orden, otra Ley contra la tortura, que nos permite hablar también del mal proceder del Estado en términos de justicia, así lo manifestó la Diputada Federal del PRD Cristina Ismene Gaytán Hernández, que afirmó, lo mejor que les podemos dar a los familiares de víctimas de desaparecidos, es presentarles con vida a sus familiares , sin desestimar las responsabilidades de los diferentes cuerpos policiacos que tengan que asumir, resaltó.
Con la aprobación de la ley en cita, México está dando un gran paso, teníamos ese gran pendiente de deuda, no podemos seguir permitiendo las desapariciones de inocentes personas entre ellas niños, mujeres, periodistas, centroamericanos, sin que se responda ni se eviten, expuso.
Reconoce, la ley va de la mano con el criterio de la oficina del Comisionado de la ONU, quien auxilió en todo momento, apoyándola en los más altos estándares internacionales de referencia, aseguró la jovial legisladora en su visita a la entidad.
Agregó también, esperamos que el Presidente Enrique Peña Nieto la publique, solo se ocupa voluntad política, por tanto, habrá cambios en PGR, teniendo la instalación de la Unidad Especializada de personas desaparecidas, la profesionalización del personal que atenderá esta problemática creando, además, la Comisión Especial de búsqueda de personas, siendo esto, parte de la infraestructura necesaria manifestó.
El objetivo presupuestal oscila en los 422 millones de pesos que se ocupan para aterrizar la aplicación de ambas leyes, como la de tortura y personas desaparecidas, teniendo presente el lamento del ocultamiento del caso de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas, sin que se tenga respuesta cierta alguna, mucho menos, la presencia de los mismos comentó.
Sobre los diferentes cuestionamientos como el de que ¿está preparado el PRD para el costo político que implica el que el Gobernador de esa entidad era de ese Partido Político? respondiendo, las autoridades de gobierno de cualquier nivel, deberán ser juzgadas en sus actos, no defenderemos absolutamente a nadie que incurriera en una irregularidad hasta el ex Gobernador del PRD Aguirre, aclarando, debe de hacerse bien las investigaciones en cumplimiento a la transparencia, no politizando el asunto.
En ese sentido, basta afirmar que el Gobierno Federal no ha querido profundizar en los temas donde se involucra la participación de algunos actores en la reconstrucción de los hechos, más aún, que son de ese nivel de gobierno y son premiados con nuevos cargos, por tanto, es urgente soluciones y respuestas pues la gente pide verdad, justicia y que les regresen a sus familiares enfatizó.
Concluye aseverando, la tortura es una práctica sistemática que busca acallar voces, fabricar declaraciones, siendo así, una práctica recurrente que viola los Derechos Humanos a todas luces, sin ponerle un freno, evitando distorsionar las realidades, aunque es preciso decirlo, el que sea culpable que se le sancione y punto.
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