La sociedad está exigiendo verdaderos compromisos de parte del Poder Legislativo y del sector público para que den a conocer la información existente, así lo dio a conocer el Contralor Interno el Congreso del Estado, Roberto Valdez Ahumada, quien dijo que las leyes de transparencia son herramientas que se deben utilizar para que la sociedad esté informada en tiempo y forma.
En el marco de la realización de la Conferencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrado en el Vestíbulo del Palacio Legislativo, señaló que sin duda un reto que se tiene en materia de transparencia es que las nuevas generaciones tengan el acceso a la misma desde cualquier soporte, por eso agradeció la presencia a los alumnos de la Universidad Británica ya que es un sector poblacional que constantemente busca información, expresó que toda crítica permite llevar a cabo acciones para tener un mejor futuro.
Valdez Ahumada subrayó que una sociedad más informada, será una sociedad más participativa en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
En su oportunidad, el diputado Juan Manuel Gómez Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Congreso del Estado, destacó el avance que se registra en el ejercicio de la función pública propiciado por la transparencia en el manejo de los recursos públicos y gracias a los esquemas de rendición de cuentas tenemos gobiernos más conscientes y cercanos a las necesidades de sus representados.
Puntualizó que ahora en la administración pública, se trabaja bajo los principios de la eficiencia, de “hacer más con menos”, de implantar las buenas prácticas en el servicio público y de ejercer la transparencia en el desempeño de los servidores públicos de todos los niveles.
Gómez Morales consideró que la cultura de la transparencia se fortalecerá aún más, en la medida que nos apeguemos a lo que establece el marco legal, desde los ámbitos laboral y personal.
Por su parte, Marco Javier Tachiquín Ruvalcaba, Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, hizo una relatoría de los antecedentes en materia de transparencia en nuestro país, al referir que fue el 6 de diciembre de 1977, cuando se reformó el artículo 6º Constitucional, para establecer el derecho a la información como garantía del estado. Detalló que en el 2002, se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y por ende la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a Ia Información Pública (IFAI).
Comentó que quienes estén al frente de las unidades de transparencia deben ser perfiles aptos y capaces de darle un tratamiento adecuado a la información pública, “la instituciones deben contar con un abogado, un contador y una persona conocedora de la informática ya que son varios los aspectos que influyen en la atención de solicitudes de información”.
Además señaló todos los aspectos que deben ser transparentados por parte de los sujetos obligados que determina la ley.
Durante su intervención, Brenda Iliana Macías de la Cruz, consejera del ITEA y especialista en procedimientos de transparencia y rendición de cuentas, afirmó que los gobiernos e instituciones públicas deben ser “cajas de cristal”, no obstante, hay lineamientos legales que deben cumplirse en el apartado de datos personales de los sujetos obligados.
Indicó que el procedimiento debe cuidar esa información que identifica a las personas y explicó que esos datos se clasifican en laborales, académicos, incluso la preferencia sexual, religión, entre otros.
Por eso, Macías de la Cruz detalló que a todos nos asiste el derecho de protección de datos personales con lo que se salvaguarda nuestra vida privada, además de que podemos conocer el tratamiento que se le da a la información para que damos el consentimiento de ser manejada.
En su oportunidad, Rubén Díaz López, comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, subrayó que en la actualidad cualquier ciudadano puede solicitar información pública de los sujetos obligados, a nivel local y nacional.
Díaz López, recalcó que el derecho al acceso de información pública es de todo ciudadano y la obligación de las instituciones públicas de transparentar el ejercicio de sus funciones es una obligación constitucional.
Aseveró que no hay pretexto para no brindar la información requerida, por lo que cualquier ciudadano, sin importar condición social, étnica o religiosa, está en su pleno derecho de pedir información de un ente público o funcionario de cualquier parte del país.
Además de los ya mencionados, se contó con la presencia en el presídium, de la diputada Paloma Amézquita Carreón, presidenta de la mesa directiva de la LXIV Legislatura y del legislador Jorge Saucedo Gaytán.
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