Aprueban mecanismos de participación ciudadana que incluye revocación de mandato.

El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que formuló la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el cual resuelve 17 iniciativas acumuladas, entre ellas, la que inserta diversos instrumentos de participación ciudadana, encaminados a la vigilancia y evaluación del quehacer político de los funcionarios públicos.

La modificación a diversos artículos de la Constitución Política Local, que plantearon los diputados Iván Sánchez Nájera y Alejandro Mendoza Villalobos, reconoce diversos mecanismos de participación ciudadana, orientados hacia la vigilancia del quehacer político de los funcionarios, además de la evaluación de su desempeño por parte de los ciudadanos, especificándose en el rango constitucional, las figuras de control y evaluación ciudadana como el Plebiscito, el Referéndum, la Iniciativa Ciudadana, la Revocación de Mandato, Presupuesto Participativo y Cabildo Abierto.

Otra de las iniciativas avaladas dentro del dictamen es la referente a la que planteó el legislador Sergio Reynoso Talamantes, la cual busca consolidar al Poder Legislativo bajo el modelo de parlamento abierto, así como reconocer los principios que rigen a éste y de esta manera garantizar una mayor representatividad y fomentar la participación ciudadana, bajo los siguientes principios:

Derecho a la Información, Participación Ciudadana, Rendición de cuentas, Información Parlamentaria, Información Presupuestal y Administrativa, Información sobre Legisladores y Servidores Públicos, Información Histórica, Datos Abiertos y no propietarios, Accesibilidad y difusión,Conflictos de intereses.

Alejandro Mendoza Villalobos, manifiestó su interés en la consolidación y fortalecimiento de un modelo de democracia constitucional, así como garantizar el bien común y una convivencia justa entre gobierno y sociedad. Agregó, que hoy en día es fundamental la protección de los derechos humanos en materia de participación ciudadana y fundamental adecuación del marco normativo del estado de Aguascalientes; con el propósito de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones de gobernación en beneficio de la ciudadanía.

El diputado Iván Sánchez Nájera señaló que la “tiranía de las mayorías” dilapida la participación ciudadana, al asegurar que el actual sistema democrático aleja a la sociedad de la clase política, porque hay ausencia de mecanismos que los incluya en la toma de decisiones.

Sánchez Nájera resaltó que esta reforma es trascendental, pues contempla la participación y el mecanismo para escuchar las exigencias de los ciudadanos para que “si un gobernante no está haciendo bien su trabajo podrá ser removido, aunque haya quienes dicen que la revocación de mandato es un esquema caro, como si no fuera más caro mantener a un gobernante ineficiente”.

En otro punto del orden del día, fue avalado por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Equidad de Género relativo a la iniciativa de reforma a la Fracción VIII del artículo 26 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional-Partido Encuentro Social.

La modificación adecua el marco local con el federal para que se establezca el derecho y la prestación de paternidad biológica o por adopción, contemplando 5 días de permiso laboral con goce de sueldo.

Sobre este asunto, el diputado Salvador Pérez, promotor de la iniciativa, destacó que las madres y padres adoptivos deben ser iguales y con las mismas oportunidades ante la ley, independientemente de la forma en que fueron madres y padres, así como la eliminación de toda forma de discriminación, fortaleciendo el vínculo de paternidad entre padres e hijos.

Por otro lado, fue aprobado el dictamen que emitió la Comisión de Desarrollo Social mediante el cual rechazaron las observaciones de la anterior administración estatal contenidas en el Decreto 214 y que vetaba la reforma a la reforma a la Ley Estatal de Desarrollo Social que contempla la construcción del Padrón Único de Beneficiarios.

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