La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue citada hoy por un juez, como parte de una causa en la que se le acusa de haber pactado con Irán para encubrir a los responsables del atentado a la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA).
El juez Claudio Bonadio emitió un citatorio para que la exmandataria declare el 26 de octubre, es decir, cuatro días después de las elecciones legislativas en las que Fernández se postuló como candidata al Senado.
Como las encuestas le vaticinan el número suficiente de votos para ingresar a la cámara alta, la expresidenta se presentaría ante el juez en calidad de senadora electa.
Además de ella, desde el 17 de octubre deberán comenzar a declarar otros 14 exfuncionarios y líderes sociales acusados de acordar el encubrimiento de los iraníes vinculados al ataque terrorista sufrido en 1994 en la AMIA y que mató a 84 personas.
El caso comenzó el 14 de enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman denunció que el Memorándum de Entendimiento que firmaron Argentina e Irán a principios de 2013 pretendía ocultar turbias negociaciones de intercambio de granos argentinos por petróleo iraní.
Según el fiscal, para poner en marcha nuevas relaciones comerciales, el gobierno argentino ofreció el cese de las órdenes de captura internacional que pesaban en contra de ex funcionarios de la República islámica vinculados con el ataque a la AMIA.
El escándalo mutó en conmoción cuando, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento, en un caso que todavía no se ha podido determinar si fue suicidio o asesinato.
Con Nisman muerto, la denuncia contra la expresidenta fue reimpulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pero el juez que quedó a cargo del caso, Daniel Rafecas, decidió no iniciar ninguna investigación al considerar que no había elementos para sustentar sus acusaciones.
El caso llegó hasta la Cámara Federal, que criticó la falta de seriedad con la que trabajó Nisman para armar un expediente contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otros dirigentes sociales, sin contar con las pruebas pertinentes.
Sin embargo, este año la denuncia judicial se reactivó y se sumó a las múltiples causas judiciales que enfrenta la ex presidenta desde que dejó el cargo, en diciembre de 2015.
Leave a Reply